La Paz, Baja California Sur (BCS).- Luego de que al inicio de la administración de Armando Martínez Vega, se despidieran a casi 350 trabajadores entre el 27 y el 30 de septiembre del 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur (BCS) señaló que hasta este momento no recibieron queja alguna por parte de los trabajadores al respecto.

"No hemos recibido quejas por parte de los trabajadores municipales en cuanto a los despidos, nunca se formalizó como tal y de alguna forma tuvimos una plática con los trabajadores al principio de la administración, sin embargo no nos hicieron llegar ninguna queja" 

"Nosotros tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación y logramos intervenir tanto con el presidente municipal desde su área de recursos humanos para que se propiciara el diálogo con los trabajadores; tengo entendido que muchos de los casos se resolvieron satisfactoriamente y bueno, la instancia que se debe manejar es la de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que en un momento de controversia es la más adecuada", dijo al Independiente el presidente de la comisión Silvestre De la Toba.

Sobre esta línea, el titular de la CEDH señaló al diario que en sí la comisión no cuenta con la facultad de tratar este tipo de asuntos laborales y mucho menos luego de la reforma del 2011, mencionando que en caso de que un caso de esta índole se presente a la instancia, se turna a la Junta de Conciliación esto por su naturaleza.

"Después de esta reforma, simplemente no tenemos facultades jurisdiccionales y tampoco en el tema electoral, entonces por eso casi no tenemos asuntos laborales [...] cuando nos llega un asunto laboral de particulares, utilizamos el vínculo que tenemos con la Procuraduría del Trabajo y buscamos que se hagan las actuaciones por parte de la instancia, convocando a las dos partes para buscar la conciliación", comentó al matutino.

Sin embargo, Silvestre De la Toba expresó que si se diera el caso de discriminación en el área laboral, ya sea por discapacidad, género, preferencia sexual, estatus social o creencias religiosas, entonces la comisión cuenta con todas las posibilidades de ejercer acciones para emitir las recomendaciones necesarias, esto con la finalidad de instaurar los derechos violentados hacia terceras personas.