Hace unos días comentábamos en uno de esos espacios sociales a donde acudo de vez en cuando, sobre la temática por la situación de que en México prevalece cada vez con mayor incidencia, y esto es o sucede no nomás en la estructura federal de los tres principales poderes sino en cuando menos los 27 DE LOS 32 ESTADOS ya contando a la CDMX (según la acuciosa investigación de uno de esos organismos no oficiales como “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”), y así hablamos sobre temas como el fiscal de la Fepade (que ya traté aquí), de los partidos y sus fallidas prerrogativas con las que iban a apoyar para damnificados (igual), con la eliminación o reducción de las mismas; de los plurinominales, de la Transparencia y rendición de cuentas, figura implementada a nivel federal y en casi todos los congresos estatales, etc., y por supuesto el tremendo tema de la incontenible violencia generalizada en gran parte de la república mexicana, y en particular la de Baja California Sur (que por ahora no es mi tema) porque me, nos, está ganando lo último que nos acontece nada menos que en el contexto muy principal: el de la Educación oficial en cuanto a su administración y manejo, cuando se hicieron públicas las evidencias probatorias de que el mismísimo titular de la SEPE Héctor Jiménez Márquez estaba tergiversando su función pues-al decir de las informaciones-privilegiaba amistades y familiares al otorgar indebida e injustamente posiciones y plazas magisteriales, hechos que conllevan no solamente el simple favoritismo tan usual que hay en muchas dependencias en todas partes-que aquí no sería la excepción-sino que con estas acciones nepóticas y/o privilegiadas al mismo tiempo se daba una importante afectación directa e indirecta para alguna parte del magisterio sudcaliforniano ya que muchos maestros/as que tanto luchan, trabajan y estudian (luchamos, en mis tiempos de activo) para poder acceder a espacios y plazas más cerca de nuestro intereses sociales y familiares (La Paz, Los Cabos, Rosalía, Comondú, Loreto, en fin…) con legítimos derechos meritorios bien ganados, y lo lograban pero ya después de una serie de cursos, evaluaciones periódicas, superación profesional docente, etc.

Sin embargo cuando llegó la Reforma educativa con mayor razón se exigió la debida preparación, evaluaciones, profesionalización, etc. para con ello no sólo hacer justicia sino EL GARANTIZAR UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD para precisamente así evitar las grillas magisteriales, el otorgamiento indebido e injusto de plazas, que no se heredaran éstas, que se ganaran con capacidad y méritos, etc.; que los profes en vez de estar en las calles con vandalismos estuvieran en las escuelas en su cumplimiento, garantizando con ello mejores sueldos y niveles directivos, según merecimientos.

Y todo bien y en conformidad salvo algunos eventos de abusos y desvíos solapados por las mismas autoridades educativas y sindicales del Estado que corresponda.

Por eso es que cuando surgió aquí este escándalo, reflexioné lo que en este primer sumario expongo, de que al comprobarse este affaire, caramba…que dice.

¿HASTA DÓNDE AFECTARÁ AL MAGISTERIO, A LA EDUCACIÓN, A LA POLÍTICA Y GOBIERNOS SUDCALIFORNIANOS, EL CASO DE SUPUESTO NEPOTISMO DEL SECRETARIO JIMÉNEZ  MÁRQUEZ?

Bueno, pues si se comprueba legal y oficialmente, afectaría en mucho; veamos tema por tema.

Afecta al magisterio por la más elemental obviedad, pues como decía en el ejemplo que puse líneas arriba, que mientras a la mayoría de los maestros se les exigen esas capacidades, entregas, preparación y méritos en general, (que por cierto y por ello ya no procede el escalafón de antaño, que por más impreparado y/o tonto que fuera un profe, podía llegar tras 20 años o más, a director de su escuela o de otra, etc., de inspector, supervisor, aunque no tuviera capacidad, en fin…y ahora con esta ley puede tener sólo 7 u 8 años de servicio y alcanzar POR MÉRITOS, repito, mejor posición; pero nuestro caso es “otra cosa”. En cuanto a la educación, por supuesto, ¿cómo va a educar bien un elemento joven y sin experiencia docente o administrativa en una escuela, y sin cumplir bien pues dirige al mismo tiempo el GUM, según datos informáticos…, y otros similares con otras fallas similares de incumplimiento, por faltas o incapacidades; y además el ambiente y contexto educativo está lastimado, encabritado, con hechos como éste. ¿Cómo va el secretario rebatirle a los profes-disidentes o no, institucionales- cuando éstos exijan sus derechos y exigencias justas?, con que argumentación?.

En cuanto a la otra afectación: “a la política y gobiernos sudcalifornianos”, la obviedad me indica que si un funcionario de alto nivel le falla, desprestigia con su conducta oficial a su gobierno y equipo, a su partido en el congreso y ciudadanía, a los padres y sociedad en general, todo por privilegiar acciones y hechos nepóticos y de amistades, pues obviamente todo ese entorno gubernamental y social también se afecta, y por ende las medidas se tendrán que dar, o sea, como dice el dicho, “cortar el hilo por lo más delgado” que lo grueso estaría en otra parte, como la gran problemática de la violencia generalizada que nos azota. (Que por cierto el gobernador Mendoza acaba de anunciar muchas medidas-como nunca-extraordinarias en este sentido y tema; ya veremos los resultados; que como entidad son loables, pero falta la decisión y concurso federal…Digo).

EN  CUANTO AL CONGRESO LOCAL SOBRE ESTOS TEMAS, ¿QUÉ HAY, CUÁL ES SU POSTURA?

Que por cierto en cuanto al congreso local, a la Dip. Maritza Muñoz, que pertenece a la bancada del Azul, ya le pegó; que aunque ella ya aclaró su postura legislativa (de que no niega, y sí avala que se  investigue a Jiménez Márquez y se aplique la ley por la ASF que es a quien le corresponde, vía la contraloría del Gno del Edo.). “…a pesar de haberles aclarado que ya estaba abierta la investigación insistieron los del PRI en su propuesta con el único fin de buscar sacar raja política y buscar engañar a la ciudadanía”, expresó el Dip. Alfredo Zamora al respecto.

La idea de esto último la tome en parte, del colega Manuel Cadena que es un “legislatólogo” que está empapado de estos menesteres, cuando escribió en Facebook: “Por eso lo que se acordó es "que el Congreso exhorte a la SFP" a llevar a cabo dicha investigación, pues la plaza por la que presuntamente cobra el hijo de HJM en Loreto es federal. En lo referente a la otra plaza, la estatal, se aprobó solicitar no que la contraloría del estado haga una investigación, PUES ÉSTA YA SE ESTABA HACIÉNDO al momento en que el Dip. Vargas Aguiar presentó la proposición para hacerla, sino para que la Contraloría del Estado informe sobre el resultado de la misma, cambio en la redacción que el proponente Vargas Aguiar aceptó ante el señalamiento del diputado Zamora”.

Como ven, de ahí tome la idea, y de una declaración de la propia diputada Maritza al respecto que a un reportero de este medio le dio. En cuanto a las plazas y cobranza de su hija Paola, ella misma, la maestra, hizo público-con su derecho de réplica-a través de ABCdario, quien la había imputado al respecto. Total, que con todo este affaire se está afectando, sobre todo electoralmente, al equipo electoral y sus aspirantes, que quizá “no tengan vela en el entierro” (por lo del día de los muertos).

Finalmente de mi parte añadiría: La bancada azul no tiene que defender lo indefendible, más sí puede y debe simplemente fijar su postura: que se aplique la ley a quien corresponda y punto; sea azul, amarillo, rojo, morado o verde; digo. Buenos días.