La Paz, Baja California Sur (BCS).- La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guadalupe Rojas Moreno, se pronunció en la máxima tribuna del estado para exponer la necesidad de ampliar el fundo legal del municipio de Los Cabos, debido a que es urgente adquirir o expropiar terrenos para poder contar con espacios y reubicar a las personas que habitan en zonas de alto riesgo.

Se manifestó en contra de que sean aplicadas únicamente medidas de emergencia tras el paso de la tormenta tropical “Lidia” sin atender este asunto de fondo, por lo que propuso que el ayuntamiento cabeño haga un planteamiento formal ante el ejido San José, a efectos de poder comprar terrenos a precios de su valor catastral, al alcance de las finanzas públicas.

“O que en su caso sea solicitado que este Congreso, discuta una iniciativa para la expropiación de terrenos, por causa de utilidad pública, a fin de poder contar con espacios a donde poder reubicar a las personas que habitan en las zonas de alto riesgo”, dijo la diputada.

Por otro lado se manifestó en contra del aprovechamiento de los apoyos para damnificados para la promoción personal o política de gobernantes, representantes populares o autoridades a los cuales se refirió como “servidores del pueblo”, por tanto atender sus emergencias “no constituye en sí mismo ningún mérito.

“Por el contrario es una obligación y elemental responsabilidad de su función. Una de las condiciones para que el altruismo sea real, es que el mismo se dé en condiciones de anonimato y espontaneidad. Ni fotos lucrando con la necesidad de las personas a fin de presumirlo en las redes sociales, ni frivolidad alguna que lastime y lacere la dignidad de quienes son damnificados”, dijo.

Creemos también indispensable que el Estado Mexicano en su conjunto, considere como necesarios y parte indispensable de cualquier inversión, la consideración de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de infraestructura social y desarrollo, que por la vía de impuestos habrán de ser transferidos para dichos propósitos. 

Finalmente dijo inadmisible que tras esta tragedia con saldo rojo simplemente “se de vuelta a la página”, se reconstruyan los daños y se culpe de todo a la naturaleza, la suerte o la negligencia de la población, ya que dijo necesario ponerle fin a la “impunidad” que poseen las constructoras y autoridades que violentaron los reglamentos para permitir asentamientos en estos lugares.

“Debe revisarse el proceso que se siguió para la autorización de la construcción de distintos proyectos […] tanto de parte de los particulares como de las propias autoridades, en cuanto a la posible violación a la normatividad y la reglamentación vigentes, particularmente donde […] edificios enteros fueron destruidos o casas arrastradas por la fuerza del agua”, finalizó.