El ayuntamiento de La Paz que encabeza Armando Martínez Vega, ha desplegado una estrategia para tratar de recuperar poco más de 500 millones de pesos que se tienen de cartera vencida del impuesto predial de ciudadanos que no han pagado esa contribución desde administraciones anteriores al año 2014.

Esa medida se pretende aplicar, en esta ocasión, mediante la utilización los servicios externos de algún despacho o empresa adecuada para realizar este servicio sin que para ello se distraiga al escaso personal con el que se cuenta en las oficinas propias de recaudación del Ayuntamiento paceño.

Obviamente se registraron reacciones en contra principalmente por quienes de alguna manera durante años han evitado este pago por razones diversas, aunque vale decir que quedó en claro que muchos de los opositores a esta medida se sintieron afectados por la posibilidad de que ahora sí se verían obligados a pagar este impuesto.

La simple idea causó nerviosismo a quienes han hecho caso omiso durante muchos años a esta responsabilidad tributaria.

Sobre todo de quienes han especulado con la propiedad o que han generado algún tipo de desarrollo al amparo de la relación política con anteriores administraciones municipales y que con el paso del tiempo no han cumplido con este pago.

Para nadie es un secreto que los ayuntamientos del país y de la entidad cuentan con recursos limitados para atender sus necesidades y en el caso de La Paz, no es la excepción, aunque está claro que esta circunstancia no ha sido pretexto para no cumplir con el otorgamiento de los servicios públicos municipales básicos.

Por supuesto que el momento histórico-político en que el que se pretende aplicar esta medida incrementa el grado de polémica y de reacción de diversos grupos y adversarios políticos, sin embargo, recuperar la cartera vencida es prácticamente indispensable y ello va a generar reacciones en contra, sea cual sea el momento en el que se aplique.

Luchar contra la cultura del “no-pago” que paradójicamente se observa más entre ciudadanos que cuentan con recursos económicos para pagar es definitivamente todo un reto, pues las personas con menos recursos económico suelen estar más preocupados por estar al corriente con esta responsabilidad que quienes pueden pagar y que por contar con amistad o relación política del pasado se ha acostumbrado a no cumplir con su impuesto predial.

No se requiere tener mucha astucia para observar claramente a quienes se oponen al cobro de este impuesto para entender que lo que menos les importa, es el supuesto interés malicioso oculto en esta medida de contratar servicios externos para eficientizar la cobranza del impuesto predial.

Otras instituciones han contratado servicios externos de seguridad, limpieza u otros servicios, por lo que no debe extrañar que algo similar se haga para establecer mediante una empresa o institución externa esta recuperación del referido impuesto.

Por supuesto los controles, la transparencia y la vigilancia adecuada de estos recursos debe estar, sin lugar a duda, garantizada.

En ello radicará definitivamente el éxito o el fracaso de esta acertada y necesaria medida que promueve el acalde paceño Armando Martínez, para inyectar al ayuntamiento dinero fresco a las arcas municipales.

¿No le parece así amable lector?