El 29 de agosto del presente año, en la colonia Pueblo Nuevo de esa ciudad, se le encontró al imputado en posesión de 7 envoltorios de plástico transparente conteniendo en su interior 62.20 gramos de la droga conocida como la marihuana y 20 envoltorios de plástico color café conteniendo 4 gramos de la droga conocida como “cristal”
Comondú, Baja California Sur (BCS).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) da a conocer que este jueves 28 se celebró en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Constitución, la audiencia inicial sin detenido, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización, aportó datos de prueba que permitieron al Juez de Control vincular a Proceso y determinar medidas cautelares, en contra de una persona del sexo masculino, a quien se relacionó como imputado en una carpeta de investigación por un hecho que la Ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de cannabis sativa y clorhidrato de metanfetamina.
El 29 de agosto del presente año, en la colonia Pueblo Nuevo de esa ciudad, se le encontró al imputado en posesión de 7 envoltorios de plástico transparente conteniendo en su interior 62.20 gramos de la droga conocida como la marihuana y 20 envoltorios de plástico color café conteniendo 4 gramos de la droga conocida como “cristal”.
Por lo anterior la Unidad de Investigación y Judicialización, inició la carpeta correspondiente, realizó las indagatorias y obtuvo datos de prueba que sirvieron para solicitar y obtener la audiencia inicial, en la que el juez vinculó a proceso a los imputados, a quien le impuso las medidas cautelares que le impiden salir del municipio así como firma periódica quincenal. Determinó un plazo de 3 meses para investigación complementaria.
La PGJE reitera su compromiso con la ciudadanía de realizar acciones, en coordinación de las Instituciones de los tres niveles de gobierno, que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.