La Paz, Baja California Sur (BCS).- De los nueve procesos que ha resuelto la Contraloría del Estado en lo que va del 2017, en todos dicha dependencia se ha declarado incompetente y en su mayoría ha turnado los casos a instancias municipales, pese a que en algunos de estos, hubo uso de recursos transferidos por el gobierno estatal, según una revisión realizada por El Independiente. 

La dependencia encargada de velar por el buen desempeño de los servidores públicos y el buen uso de los recursos públicos, a cargo de Sonia Murillo Manríquez, resolvió el primer caso del año el 18 de enero pasado, un año después de que se le notificó por oficio una irregularidad administrativa ocurrida hace dos años por un comandante de la policía ministerial del estado, quien no presentó a tiempo su declaración patrimonial. El caso fue turnado a la contraloría de la procuraduría. 

En febrero, la dependencia resolvió un caso contra el contralor del municipio de Comondú, José Daniel Medina Quiñones, quien no recabó información suficiente de 17 obras del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, que el 2015 ejerció 101 millones de pesos en dicho municipio. La contraloría se declaró incompetente y turnó el caso al órgano interno de control del Ayuntamiento de Comondú. 

Los otros siete casos que ha resuelto la contraloría han sido contra funcionarios del municipio de Los Cabos. En todos y cada uno de ellos, Murillo Manríquez se ha declarado incompetente y ha turnado los expedientes a la contraloría municipal o al organo de control interno de dicho municipio, al considerar que el ayuntamiento es un "órgano de gobierno autónomo". 

Uno de dichos siete casos fue un procedimiento administrativos contra el extesorero del municipio de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, quien estuvo en el cargo durante el periodo del perredista Antonio Agúndez Montaño. 

A Manríquez Amador, quien se amparó en 2015 tras ser acusado de desviar 3.4 millones de pesos, se le acusaba de falta de transparencia por un monto sin cuantificar de recursos federales ejercidos en 2014. 

La dependencia a cargo de Murillo Manríquez también se declaró incompetente en dos casos resuelto con el extesorero cabeño Jesús Cortés Espinoza, quien renunció al cargo en febrero pasado.

En el primero de estos, fue sujeto a proceso administrativo por realizar en 2015 retenciones por concepto de 5 al millar por 281 mil pesos y no enterarlas. En otro caso resuelto contra el ahora extesorero Cortés Espinoza, se le acusó de no reintegrar a la Tesorería 2.7 millones de pesos ese mismo año. 

Otro caso resuelto en el que la contraloría se declaró incompetente fue uno abierto contra el exoficial mayor de Los Cabos Edilberto Graciano Sánchez por incumplir disposiciones federales en materia fiscal por un monto sin especificar. Dicho caso también fue turnado a la contraloría municipal. 

Cabe recordar que al iniciar el gobierno de Arturo de la Rosa Escalante se inició una auditoría forense a la administración anterior, pero tampoco la contraloría municipal ha entregado resultados sobre dichas revisiones.