La Paz, Baja California Sur (BCS).- Del total de servidores públicos sancionados por la Contraloría estatal durante los últimos tres ejercicios, únicamente tres han sido inhabilitados de manera temporal, y el resto, en su enorme mayoría, han sido amonestados o apercibidos públicamente por presentar su declaración patrimonial de forma extemporánea.

De acuerdo con una revisión del listado de funcionarios sancionados, en la lista figuran tres funcionarios inhabilitados de forma temporal por irregularidades administrativas, pudo comprobar El Independiente.

El primero de ellos, por irregularidades cometidas durante el ejercicio 2015, es Eduardo Alberto Solís Magallanes, Coordinador de Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur, quien no validó a 20 estudiantes becados, lo que causó que los mismos perdieran la beca. El funcionario fue destituido e inhabilitado por un año. 

En tanto, ese mismo año Roberto Hernández Villalobos, recaudador de rentas del gobierno estatal en San José del Cabo (SJC), fue acusado de autorizar en 2013 el pago de impuestos por casi un millón de pesos, dinero que no ingresó a caja. El funcionario solo fue destituido e inhabilitado por seis años. 

Durante el ejercicio 2016, René Hernández Jiménez,  Jefe de Departamento de Servicios Regionales en Los Cabos de la Secretaría de Educación Pública (SEP),  fue suspendido del cargo por presentar su declaración patrimonial de forma extemporánea, suerte que también corrió un año antes Delfino Castro Ojeda, jefe de Departamento de Investigación y Posgrado del Tecnológico de Los Cabos.

El resto de los servidores públicos sancionados, que se cuentan por varias decenas, son también por presentar declaraciones patrimoniales de forma extemporánea, aunque en sus casos no fue necesario suspenderlos del cargo, como en los de Hernández Jiménez y Castro Ojeda. 

Cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado al menos cinco denuncias penales contra funcionarios sudcalifornianos por presuntos desvíos de recursos durante los ejercicios fiscales del 2011 al 2015, por desvíos de 127 millones de pesos.