La Paz, Baja California Sur (BCS).- El diputado local Camilo Torres Mejía, del Partido del Trabajo (PT), aseguró que el pretendido tramo carretero del Ayuntamiento de Los Cabos para crear una “zona dorada” desde el kilómetro 17 al 24 de la Carretera Transpeninsular resulta ilegal por ignorar la opinión de sus ciudadanos y con ello diversas disposiciones como su propio Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

Esta pretendida “Zona VIP” cercana al puente conocido como “El Tule” y al reconocido hotel “Westin Regina”, busca desviar el mencionado cauce vial para posteriormente “limitar el acceso de playas”, por lo que el diputado petista criticó que el gobierno permita el avance de los intereses extranjeros frente a los locales, quienes son “relegados” y perseguidos por “mover un solo dedo”.

Aseguró que con este nuevo proyecto se beneficiarán 10 empresarios “de grandes ingresos económicos” y sus familias, por lo que dijo necesario llevar a cabo una consulta ciudadana para evitar conflictos sociales con este tipo de obras y dijo lamentable que el Ayuntamiento de Los Cabos obligue a los locales a recurrir a la vía del amparo para hacer valer sus derechos.

“Nos pronunciamos en rechazo al proyecto del nuevo tramo carretero, porque se acentúa eso, respecto a tener ciudadanos ‘de primera’ y ‘de segunda’ […] es lamentable que los ciudadanos se tengan que amparar contra los actos de la autoridad, porque la autoridad no está cumpliendo con la obligación de consultar para decidir”, dijo el diputado.

Por ello reiteró que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito ha declarado procedente este amparo para impedir a la administración del alcalde cabeño Arturo de la Rosa Escalante modificar el trazo de la Carretera Transpeninsular, recalcando que esta fue construida con el programa “Solidaridad” que obligó a los empresarios a aportar el 1.3 por ciento de sus ingresos.

“En esa época la comunidad tenía que cubrir una parte y fue por lo que se metió un impuesto del 1.3% en aquel entonces que incluso hubo algunas denuncias o también una lucha, también metieron amparos contra ese porcentaje aplicado pero nunca prosperó la denuncia, de hecho con eso se pagó la parte de la carretera”, lanzó.

Dijo que además de afectar el cauce de los arroyos, esta nueva carretera se contrapone a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus artículos 4 y 5, donde dispone que toda planeación, regulación y decisión de estos deben regirse por los principios de equidad e inclusión, participación democrática y transparencia.