La Paz, Baja California Sur (BCS).- El presidente del Colegio de Abogados, Eduardo González Ramos, dio a conocer que el Congreso del Estado no tomó en cuenta a la asociación que representa, al momento de realizar la reforma sobre la despenalización del exceso en la legítima defensa.

Tras modificaciones que diputados hicieron a los artículos 31 y 87 del Código Penal de Baja California Sur (BCS), el presidente mencionó que esta reforma daba un mensaje incorrecto a la sociedad, por lo que solicitaron al gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis,  que vetara este cambio.

“No fuimos tomados en cuenta. Nosotros la vimos, la analizamos y fuimos en contra, inclusive presentamos un escrito al gobernador, como Colegio, solicitando que vetara la reforma. No hicimos un análisis sobre cómo debería quedar, analizamos la reforma y sus implicaciones”, declaró.

El especialista explicó que los diputados quitaron un tercer párrafo del artículo 31 y agregaron otro, en el que se establece que no se juzgaría el exceso de la legítima defensa. El abogado expone que el concepto de legítima defensa es aceptado en todo el país y que no varía entre las entidades federativas.

Sin embargo, en esta reforma propuesta por el Congreso del Estado no se contempla ningún cambio al concepto general de la legítima defensa.

“No estaba bien estructurada la reforma. Se le daba un mensaje erróneo a la población, al ellos pensar que podían ejercer la legitima defensa sin racionalidad y proporcionalidad. No se modificó con respecto a la racionalidad y proporcionalidad”

“No estamos en contra o no, la cuestión es que dimos una opinión de que en la práctica cómo se deriva la reforma. Buscamos la manera de ponerle freno”, señaló.

Por último, Eduardo González mencionó la importancia de que reformas como esta, se socialicen entre los ciudadanos y que se busque la opinión de especialistas antes de que sean aprobadas.

Cabe recordar que el gobernador del Estado veto esta reforma, por lo que ahora lo diputados del Congreso local deberán analizarla de nuevo antes de tomar una decisión final con respecto a la despenalización del exceso en la legítima defensa.