La Paz, Baja California Sur (BCS).- Continua la demora de la Procuraduría General de la República (PGR) en la judicialización de las carpetas de investigación contra actos de la gestión de la expresidente municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, aseguró Santiago Leal Amador, director general de la Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento, quien subrayó que la actual administración está a punto de concluir.

El abogado municipal expuso que si bien las denuncias fueron formuladas con los resultados de la auditoría forense y no en contra de personas en específico, citando un principio de derecho: “dame los hechos y te daré el derecho”, por lo que dijo que el presidente municipal Armando Martínez Vega continúa a la espera de que la fiscalía especializada a cargo cumpla su labor.

“Las cosas no han ido tan rápido como nos gustaría o nos hubiera gustado, no olvidar que esta administración también ya casi va de salida […] lo menos es una responsabilidad como servidor público y hay un delito, hay un delito por la omisión del servidor público, por el uso indebido de ejercicio de funciones y facultades, ese es un delito”, aseguró Leal Amador para este matutino.

“Nosotros le dimos los hechos a la PGR y la PGR, con la obligación que tiene como fiscal del estado tiene que establecer el derecho, qué delito es el que se configura; por ejemplo, hay peculado si se demuestra que los recursos federales que no aparecen los usaste para tu beneficio y hay un sinnúmero de figuras delictivas que nosotros pudimos haber dicho”, agregó el abogado.

Por otra parte sobre las declaraciones en las que la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó haber sido llamada a declarar por estas carpetas, aseguró que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no plantea como requisito indispensable un citatorio previo a una audiencia, por lo que no quedaría impedida de ser requerida por un juez o vinculada a proceso.

“Se ofrecieron todas las pruebas que teníamos, se llevaron a cabo  entrevistas con la síndica, contralora, auditores, inspecciones en los sitios donde estaban las obras donde no había nada, gente de México, fiscales, se comisionó una fiscal especial para esos asuntos, como no vemos avances, promovimos amparos en contra de PGR por la tardanza en resolver”, finalizó.