La Paz, Baja California Sur.- El presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, no descartó que el problema legal con Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente S.A. de C.V. (GIRRSA) pudiera interponerse en sus aspiraciones políticas rumbo al 2018, sino que reconoció que en caso de que esta posibilidad afecte alguna futura candidatura “lo lamento y lo tendré que cumplir”.

Al respecto rectificó seguir a la espera de una pronta finalización del juicio mediante una sentencia definitiva del juicio que interpuso la empresa que reclama la concesión del alumbrado público y un pago superior a los 26 millones de pesos, debido a que el caso ha frenado financiamiento para proyectos de alumbrado para el Ayuntamiento de La Paz, aunque no detalló montos de afectación.

“Yo lo que tengo es que a mí me eligieron para que defendiera los intereses del municipio y no bajaré la guardia, hasta el momento si hay una afectación en ese sentido [para obtener una candidatura], pues lo lamento y lo tendré que cumplir porque estoy aquí por el mandato ciudadano”, dijo el mandatario municipal.

“Estamos todavía en espera, hemos estado contestando puntualmente toda la cuestión jurídica, pes apelando a que ojalá la sentencia definitiva salga lo más rápido, aspiramos a que este tema se resuelva positivo para el municipio para poder accesar (sic) a otro tipo de financiamiento para lo que urge en La Paz”, dijo el alcalde para El Independiente.

Cabe recordar que Santiago Leal Amador, director de la Consejería Jurídica, reconoció que el Ministerio Público Federal (MPF) podría ser notificado del incumplimiento del Ayuntamiento de La Paz de la suspensión definitiva que obtuvo en un Tribunal de Circuito que permitiría que GIRRSA “continúe” haciendo uso de su concesión.

Sin embargo, refirió que en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera carpetas de investigación en contra de Armando Martínez Vega y la síndica municipal Rosa Evelia Solorio Ramírez, aseguró que se encuentra “apto” para demostrar que no han incurrido en delito al defender el erario municipal de un “contrato ilegal” por un servicio “inexistente”.

“El alcalde ha manifestado su postura públicamente de que no va a pagar un contrato que es a todas luces abusivo con la administración municipal, que es de origen ilegal, irregular y que obviamente es una empresa que busca obtener un lucro […] aunque ciertamente la juez nos tuvo por no cumpliendo la suspensión hasta este momento”, dijo Santiago Leal para El Independiente.

“No quiere decir que signifique una consecuencia de orden penal para el alcalde […] nosotros estaremos en aptitud de aportar las pruebas que demuestran que el alcalde no ha incurrido en ningún hecho delictivo al defender la buena administración, al defender no pagarle a una empresa un contrato que tiene un origen ilegal”, dijo.