La Paz, Baja California Sur.- El Congreso de Baja California Sur (BCS) ha recibido de manera oficial el veto total por parte del gobernador Carlos Mendoza Davis hacia el decreto 2445, votado a favor por los diputados para reformar el artículo 31 del Código Penal y desaparecer la penalización al exceso de legítima defensa, ya que esta “propiciará la venganza privada o justicia por propia mano y generará falta de seguridad jurídica”.

El jefe del Poder Ejecutivo expone ante el Legislativo que la reforma puede tener consecuencias colaterales irreversibles para los presuntos agresores y para quienes se defienden, al fomentar el uso de la violencia justificada, “incentiva la venganza privada o justicia por propia mano, que no terminaría en el primer ejercicio de esta, sino que se convertiría en un círculo perverso e interminable de violencia”, acusa.

Además, Carlos Mendoza Davis aseguró que la medida aprobada por los diputados no fortalece la institución de la legítima defensa como causa de justificación del acto, sino que provoca su “deslegitimación” y aleja los fines que persigue: repeler la agresión y no exceder los límites que como humanos debemos guardar para resguardar y proteger.

Explica que como consecuencia de esa ley, los ciudadanos podrían considerarse en derecho de dañar a cualquier persona “solo por tratar de penetrar o hacerlo sin derecho” en la propiedad que habite, “sea un cartero, un cobrador, evangelizador o un despistado perdido pidiendo ubicar una dirección”, refiere la misiva.

Daría condiciones para excesos y dañar a cualquiera por los mismos supuestos, con la posibilidad que cualquier persona pueda ser “vejada o torturada” por parte de quien repele la agresión al amparo de la legítima defensa, ya que “no le puede ser imputado ningún otro delito”, abusando de una excluyente de responsabilidad, inclusive cuando la víctima se convierte en victimario.

Finalmente el gobernador advierte de una contradicción ante la Constitución Política, tratados y tratados internacionales al suprimir totalmente los párrafos referentes a los límites hacia agresores menores de 18 años, que obligan al ciudadano a evitar lesionarlos y solo ejercer defensa necesaria ante ataques graves, ya que de lo contrario se tipifica el “exceso” de legítima defensa.

Este veto fue recibido por los diputados: Norma Alicia Peña Rodríguez, Diana Victoria Von Borstel Luna y Marco Antonio Almendáriz Puppo, integrantes de la mesa directiva del Congreso de BCS, quienes a su vez la han turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, presidida por el diputado Alfredo Zamora García, iniciador y principal promotor de la reforma en cuestión.