La reforma al código penal que permite modificar lo que hasta ahora conocemos como “legítima defensa” o que para muchos es considerado algo así como “una licencia para matar”, y que fue promovida en el Congreso del Estado por el diputado panista, Alfredo Zamora, fue vetada el pasado viernes por el gobernador Carlos Mendoza Davis, por considerar que tal iniciativa puede afectar a la ciudadanía en general.

Por supuesto que la medida del mandatario estatal que está sustentada en los recursos legales que tiene a su alcance para emitir una postura de esta naturaleza, es definitivamente positiva pues en la reforma al código penal que establece tácitamente la posibilidad de que la ciudadanía en general, en un momento dado pueda tener armas en sus casas y quitarle la vida a quien considere que lo agrede.

El tema no puede quedar fundado por el legislador que hizo la propuesta tan sólo en el hecho de que exista un mayor índice de inseguridad que los registrados en años anteriores.

La legítima defensa ya está considerada en nuestra ley, por ello las apreciaciones del ejecutivo no son solo adecuadas, sino muy pertinentes ya que la tarea fundamental del gobernante es hacer prevalece el bienestar común de una sociedad que tiene claro que tener facilidades para matar, no es por supuesto la mejor manera de enfrentar el fenómeno delincuencial.

Por ello este veto del gobernador Carlos Mendoza que fue dado a conocer en conferencia de prensa por el jefe de la oficina del ejecutivo Carlos Rochín, en compañía del director de comunicación social de gobierno estatal, Jesús Sobarzo, está basado en tres grandes argumentos que vale la pena no perder de vista.

El primero de estos razonamientos, “busca proteger un derecho que tiene cualquier ciudadano, conocido como exceso de legítima defensa, de poder aplicar una penalidad menor al delito al que pudiera haber incurrido una persona al defender su vida, la de otros o al proteger sus bienes, pero que al hacerlo hubiese incurrido involuntariamente en un exceso”.  

La segunda argumentación se formula “para impedir que se puedan generar espacios de impunidad disfrazados de defensa propia, ya que la reforma plantea que, al encontrarse el ciudadano dentro de su domicilio, no habrá delito alguno que pueda castigarse si se ejerce la legítima defensa, lo que puede derivar en abusos muy serios”.

Y un tercer argumento que establece que “el veto del Ejecutivo pretende proteger los derechos de los menores, consignados no solo en la Constitución Política sino en los tratados internacionales de los que México es parte, pues esta reforma, elimina por completo el deber de evitar lesionar a un agresor cuando este es menor de 18 años salvo que se trate de un ataque grave”.

Vale decir que este recurso con el que cuenta el gobernador Carlos Mendoza forma parte de la dinámica de la separación de poderes y donde por supuesto los legisladores tendrán que hacer las consideraciones legislativas necesarias para volver a tocar este tema en el que está claro que debe prevalecer por encima de cualquier diferencia el bienestar de la población en términos de igualdad, equidad, justicia y por supuesto libertad.

Habrá que esperar luego de este veto, que se registre el debate adecuado a la altura de este tema que se espera, cuente con la participación de los especialistas en la materia para que los legisladores, si así lo consideran puedan replantear esta iniciativa, por lo pronto vetada por el ejecutivo estatal.

Esperemos que así sea y que nadie olvide que la presunción de legítima defensa ya existe en la ley, en términos más cautelosos y moderados, que no le privan al ciudadano el derecho a defenderse, pero tampoco lo invitan a desbordar esa defensa y a privar de la vida a otra persona sin pensarlo y sin mayor preocupación.

¿No le parece así amable lector?