La Paz, Baja California Sur.- El Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobó con 18 votos a favor y 2 abstenciones la modificación al Código Penal con la finalidad de despenalizar el exceso de legítima defensa a iniciativa del diputado panista Alfredo Zamora García, sin embargo, sus compañeras de fracción, Maritza Muñoz Vargas y Guadalupe Saldaña Cisneros prefirieron no respaldar esta propuesta.

Al ser consultadas de nueva cuenta por El Independiente tras el veto total que emitiera el gobernador Carlos Mendoza Davis ante esta aprobación, las legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) mostraron posturas diferentes ante la intervención del Poder Ejecutivo para evitar la publicación de la pretendida ley en el Boletín Oficial del Gobierno de BCS.

Por su parte la coordinadora de la fracción, Guadalupe Saldaña Cisneros, opinó que el veto del gobernador dará una mayor oportunidad de buscar acuerdos para lograr una “reforma bien hecha” que permita dar mayor certeza jurídica y seguridad para los sudcalifornianos que logran repeler una agresión grave e inminente en su contra.

Refirió que esta medida del Poder Ejecutivo se debió a que la reforma no fue plasmada “como debería ser” por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, debido a que su exposición de motivos resultaba distinta a la redacción del mencionado decreto, desprotegiendo a los sudcalifornianos de acuerdo a la opinión de expertos en la materia.

“Dependiendo de las modificaciones se puede llegar a un acuerdo para construir lo que se quiso, darle garantías al ciudadano […] tenía muchos años que no se tocaba, no se modificaba la legítima defensa, podemos aprovechar para hacerlo bien, votaría a favor de la reforma pero siempre y cuando esté trabajada, tenga consenso y se cumpla en verdad lo que se plantea”, dijo la diputada.

Puso como ejemplo de éxito a Guanajuato, debido a que su congreso local se centró en reformar la causal de la legítima defensa, por lo que se mostró a favor de tomar ejemplos de otras entidades para mejorar el Código Penal de la media península con una  buena delimitación del término y de paso, cumplir para darle mayor certeza y seguridad a los ciudadanos.

“Tiene que ser una reacción proporcionada, que no medie acto de provocación, con diversos requisitos para que se cumpla el formato de la legítima defensa, porque lo que pudiera pasar es que el ataque o suceso no encuadre en legítima defensa por un exceso y entonces como ya no hay exceso, ya no está en la ley porque se quitó, incluso te pueden acusar de homicidio”, finalizó.

Por su parte, Maritza Muñoz Vargas, también de Acción Nacional, aseguró que desde la discusión de la iniciativa ha manifestado su postura en contra de esta ley que carece de consenso entre los sectores involucrados, por lo que refirió que el veto total del gobernador es “correcto” y aseguró que votará para que este decreto no sea convertido en ley oficial.

 “Mi voto fue abstención, hice los señalamientos en tribuna, dije que la violencia no podía combatirse con violencia y el no haber tomado en cuenta las consideraciones que el Tribunal [Superior de Justicia del Estado] había mandado a la Comisión me hacía que yo abstuviera mi voto […] y nuevamente iría con el voto en contra de la ley y estaría de acuerdo con el veto total que mandó el gobernador”, finalizó.