La Paz, Baja California Sur.- A varios meses de que se "intentó" realizar un operativo donde se buscaba retener a todos aquellos vehículos denominados "chocolate" en la capital del estado, sin lograr resultados significativos, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de La Paz, Jesús Alberto Páez Lizárraga, aseguró que tanto aduana como varias cámaras del noroeste, han señalado que este tipo de automóviles siguen siendo un problema para las empresas establecidas.

"Hemos hecho muchos señalamientos sobre este tema a nivel nacional, en reuniones con el director de aduanas, donde han estado todas las cámaras del noroeste, y le hemos hecho notar ese tema. Son muchos carros que están ilegales, son carros que son usados por la misma delincuencia pues no generan impuesto y por tanto un registro, cuando nosotros de este lado estamos generando esos impuestos [...] se ha hecho caso omiso e insistimos sobre todo los cámaras de la frontera, pero ninguna autoridad es la que no ha respondido a este problema", comentó durante la entrevista que proporcionó para Diario El Independiente.

Asimismo, el presidente de la cámara recalcó que si bien a veces las autoridades están conscientes de la situación, usualmente ceden a las presiones que generan los propietarios de estos autos ilegales, recalcando que se necesita a una autoridad que realmente haga frente a este problema.

"Te dicen que sí, porque se tienen que juntar tanto aduana, como municipio, policía, etcetera y aquí se hizo, pero a los 3 días fue tanta la presión de esta gente, que tuvieron que cancelar el operativo, porque hubo una revisión hace algunos meses y de ellos derivo una manifestación que hicieron frente a las oficinas del SAT y la autoridad en lugar de ser firme, realmente dejó las cosas como estaban para no complicarse, yo creo", expresó.

Finalmente, el titular de Canaco en La Paz, subrayó que los empresarios no dejan de insistir, pero la autoridad no toma la decisión de terminar con la situación, pues asegura que un día se comprometen a cumplir con la normativa y al poco tiempo dejan que continúe la problemática, insistiendo que no hay quien ponga orden y aplique la ley.