La Paz, Baja California Sur.- La legítima defensa es un reconocimiento jurídico al instinto humano de supervivencia, no un pasaporte para la justicia por propia mano ni un permiso para pelear, vengarse y mucho menos para la violencia privada, afirmó el Jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Ahmed Rochín Álvarez, quien confirmó que el gobernador de Baja California Sur (BCS) Carlos Mendoza ha ejercido su derecho a vetar el decreto para “eliminar” el exceso de legítima defensa como causa penal.

En compañía de Jesús Sobarzo Larrañaga, director de la unidad de Comunicación Social del gobierno estatal, así como Sergio Agúndez Meza, encargado del despacho de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica, Rochín anunció que el decreto 2445, aprobado por el Congreso de BCS el pasado 23 de junio a iniciativa del diputado Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido devuelto con observaciones del gobernador para un segundo análisis legislativo.

Reconoció que el tema ha despertado polémica y múltiples opiniones en la ciudadanía, por lo que se han contemplado en el decreto de veto diversos argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Colegio de Abogados de la entidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y diversas entidades que aseguran que esta despenalización generaría espacios de impunidad y otros riesgos.

En esta decisión obedece a 3 principales argumentos, según señaló el funcionario estatal en conferencia de prensa a los medios de comunicación; el primero, es buscar que este “exceso” permanezca en la Constitución como una “protección” para todo aquel que en la defensa de su vida, la de otros o de sus bienes incurra “involuntariamente” en un delito, ya que con esta reforma, de no acreditarse legítima defensa, el defensor no tendrá derecho a penas atenuadas.

“Evidentemente hay ejemplos varios en los términos más simples y por supuesto admiten el planteamiento de muchos más supuestos, se trata únicamente de ejemplificar, con la reforma propuesta, al eliminar el exceso de legítima defensa, se expondría a las personas a las penalidades completas de un delito cuando no se configure plenamente la legítima defensa por cualquier circunstancia”, dijo el funcionario.

Por otra parte, el segundo argumento fue evitar espacios de impunidad “disfrazados” de defensa propia, ya que la reforma planteada supone que al encontrarse una persona en su domicilio, no habrá delito alguno que pueda castigarse si se “ejerce” la legítima defensa, por lo que el Poder Ejecutivo hizo hincapié en que este hecho puede generar “abusos muy severos”, como la libertad sin juicio alguno para quien torture hasta morir a quien sorprenda robando en su domicilio.

Finalmente el funcionario refirió que el tercer argumento se trata de proteger los derechos de los menores, ya que la reforma planteada eliminaría “por completo” el deber de evitar lesionar a una persona cuando este sea “evidentemente” menor de 18 años, a excepción de que se trate de un ataque “grave”, elementos consignados no solo en la Constitución, “sino en tratados y convenciones internacionales de los que México es parte”, advirtió.

“Nuestra norma vigente nos impone un deber de cuidar y evitar lesionar a un agresor cuando este es evidentemente menor de edad […] más allá de las discusiones sobre si un menor de edad puede cometer actos violentos como los de un mayor, lo cierto es que los adolescentes no han alcanzado la madurez total como sociedad, tenemos el deber de protegerlos […] este es el motivo por lo cual existe la disposición en este sentido y consideramos debe permanecer prevista en la ley”, aseguró.

Finalmente aseguró que este veto se realiza en el marco de la división de poderes, en un estado democrático, de derecho, con “pesos y contrapesos”, así como el deber constitucional que faculta al gobernador a “cumplir y hacer cumplir las leyes” y aunque bien, el Poder Ejecutivo dice no dudar de “la buena intención del legislador” al aprobar las mencionadas reformas en búsqueda de la protección de bienes jurídicos y la salvaguarda de las personas.

“Las observaciones que hoy se formulan ante el proyecto de reforma al Código Penal […] se plantean precisamente para generar una mayor discusión en un tema tan importante para la ciudadanía porque creemos en el debate de las ideas como componente esencial de la democracia […] confiamos que estas habrán de recibirse y discutirse con la seriedad y responsabilidad que ha caracterizado a los diputados y diputadas de esta Legislatura”, finalizó.

• Errónea visión de vetar despenalización de legítima defensa: Zamora

Son erróneos los argumentos esgrimidos por el gobierno de Baja California Sur (BCS) para vetar las recientes modificaciones al Código Penal para despenalizar lo que se conoce como “exceso” de legítima defensa, puntualizó para Diario El Independiente, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Zamora García, quien expresó que esta es considerada una sanción con penalidad contra las víctimas que se defienden y no una “protección” a la misma como han expuesto las autoridades.

Aseguró que el Poder Ejecutivo ha permitido que otras voces influyan en su toma de decisiones, tales como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes han manifestado los posibles riesgos de que este decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de BCS, no obstante el diputado reiteró su postura a favor de las modificaciones.

“Primero ratifico a plenitud mi convicción de que la reforma aprobada por el Congreso es correcta, es adecuada […] reconocer que estos vetos se dan precisamente en la independencia de los poderes, […] está establecido plenamente esa facultad en la constitución para el Ejecutivo, de igual manera está establecido en la Constitución para el Legislativo que este veto puede ser anulado con las dos terceras partes de los diputados que ratifiquen lo que ya aprobaron”, advirtió.

Al respecto aseguró que el Poder Ejecutivo solo tiene derecho a vetar esta modificación “una sola vez”, por lo que en caso de que los diputados volvieran a aprobar el decreto 2445, devuelto con observaciones del gobernador Carlos Mendoza Davis, este se vería “obligado” a publicarlo y a permitir su entrada en vigor, por lo que se dijo esperanzado en contar de nueva cuenta con el respaldo de los diputados locales como en su votación del pasado 23 de junio.

“Lo he dicho claramente, hay legítima defensa o no la hay. Punto. Si no hay legítima defensa, la actuación, la lesión, la actividad externa que genere una persona tiene que ser castigada en el delito que se configure y que esté establecido en el código penal, pero […] si hay legítima defensa debe ser protegida, debe ser respaldada, debe ser garantizada por la Ley y por el Estado […] si no la hay, entonces debe ser castigada cualquier otra conducta”, expuso.

Al respecto de que esta pudiera ser una medida legislativa que se puede “prestar a excesos”, el panista respondió que en el artículo 31 fracción VI del Código Penal “está claramente establecido” lo que representa la legítima defensa, por lo que negó que esta sea una “carta para vengarse” y además dijo no encontrar apartado alguno que afecte a los menores de edad como refirieron las autoridades, “no hay una modificación que se refiera a ello, eso queda íntegro”, aseguró.

“Los argumentos no son los adecuados […] pero yo espero que sí, que los diputados escuchen a la ciudadanía y que se vuelva a respaldar esta iniciativa en beneficio de la gente, pero hay que subrayar, esta despenalización de la legitima defensa únicamente está acotada al hogar, a la casa, al domicilio y obviamente también a los negocios. Si se diera, por decir algo, en la calle, alguna circunstancia de estas, ahí no estaría aplicándose”, finalizó.