La Paz, Baja California Sur.- Luego de que se diera a conocer que el gobierno estatal de Baja California Sur (BCS) pudiera vetar la reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado, donde se estipula eliminar el exceso de la legítima defensa como un delito, los presidentes estatales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) así como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en BCS, virtieron su opinión para Diario El Independiente, respecto a esta reciente declaración, donde cada uno de ellos expresó la importancia de esta ley para la comunidad sudcaliforniana.

En primera instancia, Alberto Rentería de Morena recalcó para el medio que una manera de revertir la violencia que acontece en la sociedad es a través de la educación y el apoyo a las familias que se encuentran en pobreza, recalcando que antes de implementar este tipo de leyes, se deben retirar a los funcionarios judiciales que no ayuden a detener la violencia y por ende, que obligue a la sociedad a tener que defenderse dentro de sus hogares.

"Lo más importante no es modificar el código penal de BCS, lo más importante y lo que el ciudadano quiere, es que la procuración de justicia sea expedita, pronta y oportuna [...] que esto no se debe ponderar cuando el villano ya esté dentro de tu casa para que se esté legislando, la pregunta es ¿qué haces para que el villano no entre a tu casa? [...] Morena le está apostando que a partir del 2018 podamos atacar la violencia desde su raíz: La pobreza, invertir en educación y otros [...] El gran tema aquí es que los legislativos deben verificar que hacer para despedir al procurador, porque no está cumpliendo con las expectativas que se contemplan en él [...] esa situación que se ha hecho por lo de la legítima defensa es sólo un parche que están poniéndole a esta situación tan delicada que es la impartición de la justicia", expresó.

Por su parte, Edmundo Salgado, presidente estatal del PRI, comentó durante una entrevista que al detener este proceso, se tiene una pauta significativa donde se pueden verificar todos los aspectos que envuelven esta nueva iniciativa, pues se debe constatar que tanto los ciudadanos que son agredidos como los que hacen uso de violencia, no se vuelvan víctima de la precariedad social que se vive.

"Se debe privilegiar al ciudadano de bien, en este aspecto se tienen experiencias de que se se necesita reglamentar bien lo de ese tema tan importante para proteger a las familias y sus patrimonios, pero los diputados tienen la oportunidad con este veto, de recomponer y será la decisión de la legislatura la que pueda dar la pauta para que las cosas se equilibre tanto para el ciudadano de bien como para quien agrede la ley", dijo.

En este sentido, el titular del PRD en el estado, Jesús Druk, comentó para El Independiente que todas las instancias judiciales y políticas deben hacer una revisión sensata a partir del diálogo, utilizando puntos de vista de otros organismos competentes, pues considera importante que se lleve el ejercicio de la justicia por cada uno de los poderes, pero ante todo, considera aún más importante que se beneficie y se resguarde la integridad de la ciudadanía y sus derechos humanos de vivir en tranquilidad en sus hogares.

"En función de una responsabilidad de atender todas las necesidades de la ciudadanía sudcaliforniana, el gobernador hizo uso de sus atribuciones, sin embargo ese mismo veto obliga al poder legislativo y al poder judicial y al ejecutivo a abrir una mesa de diálogo para revisar con fundamentos teóricos prácticos esta iniciativa, ver los pros y los contras, y en todo caso, presentar una iniciativa que cumpla con las expectativas de quien procura la justicia y quien hace los instrumentos normativos para aplicarla bien. Esto requiere la consulta de organismos colegiados, colo el Colegio de Abogados para revisar y sustanciar este asunto que no es un asunto menor, pues de entrada hay controversia por la respuesta del legislativo y hay que atenderlo con base a las atribuciones de cada uno de los poderes, pero también con el interés de que se modifiquen ciertos aspectos, pero con un alto beneficio para la ciudadanía y sus derechos humanos, para ser más eficiente y mejor aplicada", comentó finalmente.