San José del Cabo, Baja California Sur.- En Asuntos Generales de la 22 sesión ordinaria de Cabildo de Los Cabos, la regidora panista, Eulalia del Carmen Díaz Guzmán, expuso que en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se lee: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de nadie”.

Dijo iniciar así su lectura porque en la sesión pasada de cabildo, del día 7 de junio, fue violentada verbalmente por la gran mayoría de sus compañeros ediles por el hecho de haber presentado un voto en contra a un dictamen del cual expuso no estaba de acuerdo como se presentaba, dejando claro de manera enfática y enérgica, el que su intención no era privar a los ciudadanos de la delegación de Cabo San Lucas de la distribución y servicio de agua potable.

“Y lo acenté con conocimiento de causa pues su servidora padece de la misma carencia que la gran mayoría de la población, donde en ocasiones sobrevivimos hasta cuatro semanas sin el vital líquido, lo que hace cotidiano vivir en una colonia popular donde las carencias no solo son de agua, sino también de pavimentación de calles y algunas áreas, falta de alumbrado público entre otras”, puntualizó.

Y agregó, “aún con mis apreciaciones y punto de vista me mantuve en la decisión de votar en contra el dictamen, lo cual hice de manera responsable, anteponiendo como siempre lo hago, los intereses de los ciudadanos sobre cualquier clase de interés individual o de intereses de grupos, para llegar a esta decisión siempre me informo, investigo, acudo a las reuniones que se necesiten para conocer del tema, recibo asesoría, teniendo en cuenta que es mi obligación saber y conocer las consecuencias y resultados de la toma de decisiones, por lo cual presenté mis argumentos tanto en una junta previa a la sesión como en la sesión pública”.

En este sentido, Díaz Guzmán declaró que dos días después de su voto en contra a este punto de acuerdo, el día 9 de junio, se le notificó a su asesor Jorge Luis López Beltrán, por parte de Secretaria General, que fue relevado de esta responsabilidad y quedaba a disposición de la dirección de Recursos Humanos a partir del 8 de junio del año en curso, sin especificar la causa, para después el día 14 de junio, enviarse un documento a los regidores designados como encargados de la Oficialía de Partes en las oficinas de Cabildo a Samir Savin y Javier Rubio Castro, donde les hacen saber la misma acción, que el mencionado asesor causaba baja por así convenir al servicio público y por reingeniería de la nómina municipal. De igual manera se llevó a cabo el mismo trámite de Oficialía Mayor a Tesorería con el mismo argumento.

“Ante este cruce de oficios y de no contar de manera personal con una explicación formal y valida de esta situación me di a la tarea de enviar un documento a Secretaria General con copia a Presidencia, Sindicatura, Cabildo y Contraloría, solicitando se me notificara por escrito el motivo de la baja situación que hasta el día de hoy no he tenido respuesta”, sentenció. 

La regidora blanquiazul, aseguró que sus argumentos y posicionamientos siempre están respaldados por el reglamento interior del municipio de Los Cabos, que en su artículo 44 señala que para poder desempeñar sus funciones, los regidores contaran con un cuerpo de asesores jurídicos, contables y técnicos, designados y removidos libremente de manera individual por cada regidor, pudiendo contratar personal externo para desempeñar estas funciones y acotó, en ningún otro artículo se menciona que será removido en la manera que se llevó a cabo.

“Advertencia que en la reunión previa se me amago que si no entendía o no me quedaba claro, serían las facultades del ejecutivo remover a mi asesor y ellos designarme uno. No existe renuncia firmada por el afectado, lo que ubica un escenario laboral por despido injustificado. De manera respetuosa hago un llamado al ejecutivo municipal, así como al secretario general, para que se apeguen al reglamento y de manera formal como lo señale antes, se me atienda y se responda conforme a derecho la situación que expongo, de no tener respuesta como lo solicite desde el pasado 19 de junio, estas acciones operadas por los distintos funcionarios municipales se traducen en violencia de genero político, donde se me cuestiona la decisión de mi voto que de manera responsable emito, recibiendo como respuesta el hostigamiento verbal para obligarme a cambiar mi decisión como sucedió en la sesión pública pasada”, 

Por lo anterior, la regidor Díaz Guzmán llamó al cuerpo edilicio a que de no coincidir en argumentos y posicionamientos al emitir su voto, no se deben realizar acciones donde terceros resulten perjudicados y si bien dijo comprender y valorar que el espacio que se le confió es a través de un partido político, no puede hacerlo de manera automática y servil, sin analizar ni revisar consecuencias de sus acciones y opiniones, pues estaría traicionando al partido y a los ciudadanos con su silencio y falta de compromiso social, alejados del humanismo y de la intención que abraza el llegar a ser gobierno para actuar como la población lo desea.

“Seguiré pendiente y atenta al desarrollo de lo aquí planteado y dispuesta siempre a dejar mi mano extendida a quien así lo desee, lo que no se vale, lo ratifico, es que se den represalias y acciones en nuestra contra por no lograr coincidencias totales en las aprobaciones o negativas que en este órgano colegiado se llevan a cabo, compañeros ediles con todo respeto como siempre lo he hecho esta es mi postura”, concluyó.