La Paz, Baja California Sur.- El anteriormente conocido como Órgano de Fiscalización Superior (OFS), instancia técnica del Congreso de Baja California Sur (BCS), es el responsable directo de fiscalizar los recursos estatales que recibe el Instituto Estatal Electoral (IEE) y de haber fiscalizado la polémica autoasignación de más de 13.5 millones de pesos como gratificación adicional por “trabajos extraordinarios” en el proceso electoral 2015, cuando la propia legislación señala esta práctica como ilegal.

En entrevista para El Independiente, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Cesar Eduardo Vergara Monroy, aseguró que ningún servidor público es inamovible en referencia a los consejeros del IEE encabezados por su presidente Rebeca Barrera Amador, quienes a su vez lograron que el OFS tuviera por solventadas sus observaciones al respecto del “bono” que contraviene la disposición legal que impide el pago de horas extras en tiempos electorales.

“Habría que separar si el financiamiento es federal, pero si los recursos públicos son locales son fiscalizados por el congreso del estado a través del Órgano de Fiscalización, la sugerencia sería ver el informe de fiscalización que debe haber sido publicado y aprobado aquí en sesión pública y en su caso ver si hubo observaciones o en qué se solventó […] cuando hay observaciones sin solventar, no exime de ninguna responsabilidad que se pudiera generar en un futuro”, aseguró.

“El recurso público que maneja el Instituto Estatal Electoral es un recurso local, quien autoriza es un proyecto que sale del Poder Ejecutivo y lo aprueba el Congreso del Estado y de acuerdo a las leyes en la materia, el Órgano de Fiscalización que es el órgano técnico del Congreso del Estado tiene que fiscalizar los recursos propios que en este caso son los que maneja el instituto […] aunque no tienen facultades para destituirlos, eso es correcto”, complementó Vergara.

Es por ello que aseguró que en un contexto estatal con un “déficit en la democracia”, invitó a quien se sienta agraviado para que con base en la ley realice todas las promociones ante las instancias jurisdiccionales o administrativas que considere necesarias, “cualquier ciudadano”, no obstante no supo responder si este asunto se trata de un delito electoral, aludiendo esa responsabilidad a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

“Cuando son delitos electorales no es facultad de los tribunales electorales […] el que emite la sentencia es un juez penal […] en materia electoral hay las siguientes autoridades jurisdiccionales: son Tribunales Estatales, que resolvemos medios de impugnación a nivel local; el Tribunal Federal Electoral que nos pueden revisar a nosotros y todas las resoluciones federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve en acciones de inconstitucionalidad”, finalizó.