La Paz, Baja California Sur.- Si bien dijo respetar el rechazo del Poder Ejecutivo y Poder Judicial hacia la vetada reforma que despenaliza el exceso de legítima defensa, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Vargas Aguiar, sugirió al gobernador Carlos Mendoza Davis aplicar este mismo el veto a la ley que en sus transitorios ratificó al actual Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Julio César López Márquez como Auditor Superior del Estado hasta el 2024.

Expuso que si bien el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), han opinado en contra de la reforma propuesta por el putdiado panista Alfredo Zamora García, sus titulares han guardado silencio en “otras situaciones controvertidas” como dicha medida para implementar el nuevo Sistema Local Anticorrupción.

“Se le van a dar otros siete años, cuando hace dos años lo reeligieron y ahorita otra vez, por línea los diputados de Acción Nacional ilegalmente votaron a favor y yo le sugeriría al Ejecutivo del estado que la vete parcialmente esa ley porque es a todas luces ilegal”, dijo Joel Vargas Aguiar.

“El presidente del Tribunal de Justicia del Estado […] tiene que interpretar y aplicar las reformas que el Poder Legislativo realice, ha habido otras situaciones controvertidas en las que no ha opinado y ha habido otras situaciones donde ese derecho de veto no lo ha utilizado el Ejecutivo y no se le ha dado tanta difusión en los medios tan específicamente”, agregó el priista.

Refirió que la mencionada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas entonces es “donde debería ejercer el derecho de veto el Ejecutivo”, mientras que la reforma para despenalizar el exceso de legítima defensa debe ser abierta a una consulta ciudadana, analizada por los diputados y modificada tomando en cuenta las observaciones del gobernador y de los sudcalifornianos.

“No estoy diciendo que las aceptemos todas, sí que contemple las observaciones, las tome en cuenta y que buscar la manera de que lo consultáramos con los ciudadanos, que esa toma de decisiones absolutistas, autoritarias que no sean en Baja California Sur una constante […] que sea la ciudadanía quien se imponga y que proponga cual será la finalidad de esta reforma”, dijo.

Finalmente se dijo a favor de ratificar la vetada reforma que reiteró, “no es una ocurrencia”, sino una aprobación decidida a raíz de una preocupación para dar mayores garantías a quienes son víctimas de un delito al interior de sus domicilios, siempre y cuando logren acreditar la legítima defensa y no hayan incurrido en una venganza para hacer justicia por propia mano.

“Personalmente lo valoramos y pedimos opinión de muchos de los ciudadanos del distrito XIV de Guerrero Negro y Vizcaíno, donde claramente lo que quieren y lo que pretenden es tener un derecho a proteger su patrimonio, proteger su integridad física, de nadie es desconocido los altos índices que han aumentado, aún más en estos últimos meses”, finalizó.