La Paz, Baja California Sur.-  Debido a que la legítima defensa es un derecho que existe desde hace muchos años, el encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DSPPPTM) del Ayuntamiento de La Paz, Godofredo Contreras Figueroa, se manifestó a favor de la despenalización del exceso de esta, recientemente vetada por el Poder Ejecutivo estatal.

En entrevista para El Independiente, el funcionario municipal fue breve y respondió esto “a título personal” y salvo la mejor opinión de los legisladores que tienen de nueva cuenta la tarea de analizar, así como aprobar o rechazar el decreto 2445 que inicialmente fue aprobado pero devuelto por el gobernador Carlos Mendoza Davis por considerarla riesgosa para la sociedad.

“Ha sido a lo largo de los años, no es una situación actual, un estado de derecho actual […] salvo la mejor opinión, debería despenalizarse […] sin embargo eso no me corresponde a mí, es una opinión muy personal, sin embargo le tocará a los legisladores hacer su trabajo y determinar de manera muy responsable cual será la mejor condición si se despenaliza o no”, dijo el funcionario.

El jefe del Poder Ejecutivo expone ante el Legislativo que la reforma puede tener consecuencias colaterales irreversibles para los presuntos agresores y para quienes se defienden, al fomentar el uso de la violencia justificada,  como “venganza privada o justicia por propia mano”, que se convertiría en un “círculo perverso e interminable de violencia”, acusa.

Además, Carlos Mendoza Davis aseguró que la medida aprobada por los diputados no fortalece la institución de la legítima defensa como causa de justificación del acto, sino que provoca su “deslegitimación” y aleja los fines que persigue: repeler la agresión y no exceder los límites que como humanos debemos guardar para resguardar y proteger.

Explica que como consecuencia de esa ley, los ciudadanos podrían considerarse en derecho de dañar a cualquier persona “solo por tratar de penetrar o hacerlo sin derecho” en la propiedad que habite, “sea un cartero, un cobrador, evangelizador o un despistado perdido pidiendo ubicar una dirección”, refiere la misiva.

Daría condiciones para excesos y dañar a cualquiera por los mismos supuestos, con la posibilidad que cualquier persona pueda ser “vejada o torturada” por parte de quien repele la agresión al amparo de la legítima defensa, ya que “no le puede ser imputado ningún otro delito”, abusando de una excluyente de responsabilidad, inclusive cuando la víctima se convierte en victimario.

Finalmente el gobernador advierte de una contradicción ante la Constitución Política, tratados y tratados internacionales al suprimir totalmente los párrafos referentes a los límites hacia agresores menores de 18 años, que obligan al ciudadano a evitar lesionarlos y solo ejercer defensa necesaria ante ataques graves, ya que de lo contrario se tipifica el “exceso” de legítima defensa.