La Paz, Baja California Sur.- La legítima defensa es el reconocimiento jurídico al instinto humano de supervivencia, no un pasaporte a la justicia por propia mano ni un permiso para pelear o vengarse y mucho menos la legitimación de la violencia privada, afirmó hace unos momentos el Jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Ahmed Rochín Álvarez, quien confirmó que el gobernador de Baja California Sur (BCS) Carlos Mendoza Davis ha vetado la reciente “despenalización” del exceso de legítima defensa.

En compañía de Jesús Sobarzo Larrañaga, director de la unidad de Comunicación Social del gobierno estatal, así como Sergio Agúndez Meza, encargado del despacho de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica, anunció que el decreto 2445, aprobado por el Congreso de BCS el pasado 23 de junio a iniciativa del diputado Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional (PAN) y que oportunamente publicó Diario El Independiente, ha sido devuelto con algunas observaciones para un segundo análisis legislativo.

Reconoció que el tema ha despertado polémica y múltiples opiniones en la ciudadanía, por lo que se han contemplado en el decreto de veto los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Colegio de Abogados de la entidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y diversas entidades que aseguran que esta despenalización resultaría en perjuicio del orden público.

“Este exceso de legítima defensa se define cuando por alguna circunstancia no se acrediten plenamente todos los formulantes de la legítima defensa, se puede pensar en un exceso de la misma en cuyo caso al defensor se le aplicarían penas atenuadas, es decir, menores a las que corresponderían en el delito cometido en otras circunstancias, esto es el exceso de legítima defensa de la reforma que nos ocupa, a eliminar”, apuntó Rochín Álvarez.

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