La Paz, Baja California Sur.- Después de aprobadas las reformas al Código Penal de Baja California Sur (BCS), en el que se eliminan las sanciones contempladas para el “exceso de legítima defensa” por los integrantes del Poder Legislativo, el propio gobernador Carlos Mendoza Davis ha confirmado que se encuentra en un análisis interno para determinar si ejercer su derecho a vetar el dictamen por tratarse de un tema “muy delicado” que comprometería la grata y sana convivencia.

De acuerdo a los artículos 60, 61 y 79 de la Constitución local, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad tiene la facultad de detener la publicación de la aprobada a propuesta del diputado de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Zamora García, quien ha defendido su postura y ha dejado entrever ignorancia en quienes cuestionan el decreto por presuntamente ser un “cheque en blanco” para la comisión de delitos motivados en la venganza sin límites legales.

“Primero tendríamos que decidir si procedemos con la publicación o si ejercemos el derecho de veto […] es algo que tendrían que ver con mucha seriedad los compañeros del Congreso, a mí me parece que es un tema delicado, yo entiendo el derecho que podemos tener a defendernos pero para tener una grata y sana convivencia armónica, debemos de poner ciertos límites a estos”, dijo Carlos Mendoza Davis para medios de comunicación.

“He escuchado por ahí opiniones de gente muy versada y calificada como el propio Poder Judicial, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde sienten que pudiera esta reforma estar rayando los límites de algo que pudiera no sostenerse […] vamos a estudiar con mucho cuidado y a escuchar las voces de los que saben y de los que resultarían en su momento afectados de esta iniciativa para poder asumir una posición definitiva al respecto”, agregó.

El diputado Alfredo Zamora comentó que la despenalización del exceso en la legítima defensa fue ampliamente respaldada por los diversos sectores de la sociedad y lamentó que algunos actores y académicos estén “presionando” al Ejecutivo para vetar dicha iniciativa, que fue “claramente aceptada y aprobada por las diputadas y diputados”, en un debate legislativo y análisis amplio en el Congreso del Estado, con 18 votos a favor.

Resaltó que de ser vetada dicha aprobación por el gobernador Carlos Mendoza Davis, esta no será la última palabra dada, pues la iniciativa regresará al Congreso local para ser aprobada o rechazada en su caso, por la mayoría de los diputados y serán ellos quienes decidan si respaldan a la ciudadanía u obedecen a “voces aisladas de algunos actores que no proponen nada en beneficio de nuestro estado”.