La Paz, Baja California Sur.- El abogado Arturo Rubio Ruíz, encargado del procedimiento que el ex secretario general municipal, Isidro Ibarra Morales, entabló contra del Ayuntamiento de La Paz por haber llevado a cabo su destitución de manera ilegal, advirtió que los procedimientos jurídicos en la materia pueden ser retrasados y heredados a futuras administraciones.

Dijo necesario que el Poder Legislativo estatal regule estas conductas, en este caso procedentes del presidente municipal Armando Martínez Vega, debido a que en el caso del exfuncionario municipal, este deberá ser indemnizado con costo al erario público por sus malas prácticas “y eso nos va a costar no solamente a los que están en el poder, sino a ti y a mí”, dijo el abogado.

“No pueden actuar en la impunidad porque qué pasa, yo lo corro, quién sabe quién le vaya a pagar ni cuando, entonces no va a salir de mi bolsa y ejerzo el poder de una manera arbitraria y eso tiene que acabarse […] lo mismo pasa con el caso del profesor Isidro Ibarra, van a tener que indemnizarlo y eso nos va costar no solamente a los que están ahorita”, agregó el jurista.

“Esto va a llevar un tiempo […] mucho del tráfico de influencias se recarga en la inoperatividad del sistema, que es una inoperatividad creada […] en Baja California Sur los tiempos son idílicos, si están de buenas los jueces avanzan y si no, tampoco, el caso es una parte del ejercicio del poder público, si el Poder Judicial trabajara con la capacidad que tiene, a la velocidad que debe, no habría rezago y entonces si no hubiera rezagos no podrían hacer triquiñuelas”, dijo Rubio Ruiz.

Se mostró seguro de la victoria jurídica para Isidro Ibarra y expuso que este caso es similar al que entablaron más de 200 burócratas que fueron removidos del Ayuntamiento de Los Cabos,  cuya demanda engloba un acto que si bien no es laboral, procede dentro del marco administrativo del cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se ha deslindado por no ser de su competencia.

“El procedimiento es el mismo, es totalmente ilegal, sin la garantía de audiencia, sin seguimiento de un procedimiento previo, donde se pudiera efectivamente acreditar la causa del despido y que se le diera oportunidad al despedido de argumentar y aportar pruebas a su favor, simplemente le dicen, estás fuera, esa destitución es totalmente ilegal”, advirtió el abogado de Ibarra.

Se dijo a favor de que el Poder Legislativo trabaje en un marco regulatorio que imponga una “responsabilidad subsidiaria” en este tipo de situaciones, en donde si bien el Ayuntamiento de La Paz deberá correr con el gasto, se debe cargar una canción al funcionario que incurra en dicha irregularidad y no solamente al bolsillo de los ciudadanos “que sí trabajamos”.

“Sabes de indemnizaciones que se han pagado por juicios prolongados que son millonarios, no salen del bolsillo de los funcionarios, salen de tus impuestos, de mis impuestos, o sea que los que sí trabajamos y pagamos impuestos somos los que enfrentamos las consecuencias económicas de las ilicitudes de estos funcionarios”, finalizó el abogado para este matutino.