La Paz, Baja California Sur.- El veto del gobernador Carlos Mendoza Davis al decreto 1445 que despenalizaba el exceso de legítima defensa, elaborado y aprobado por el Congreso de Baja California Sur (BCS), dará oportunidad de buscar los acuerdos para una reforma “bien hecha” que permita brindar mayor seguridad y garantías al ciudadano que logre repeler una agresión grave e inminente en su contra.

Así opinó Guadalupe Saldaña Cisneros, coordinadora de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Poder Legislativo, quien refirió que esta medida del Poder Ejecutivo se debió a que la reforma no fue plasmada “como debería ser” y su exposición de motivos resultaba distinta a la redacción del mencionado decreto, desprotegiendo a los sudcalifornianos.

“Dependiendo de las modificaciones se puede llegar a un acuerdo para construir lo que se quiso, darle garantías al ciudadano […] tenía muchos años que no se tocaba, no se modificaba la legítima defensa, podemos aprovechar para hacerlo bien, votaría a favor de la reforma pero siempre y cuando esté trabajada, tenga consenso y se cumpla en verdad lo que se plantea”, dijo la diputada.

“Colegio de Abogados, Tribunal Superior de Justicia del Estado y Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos hablan que fue una buena intención, pero no se plasmó una reforma como debería de ser […] hay que aprovechar lo del veto, no hay que desechar el tema, hay que reformarlo […] en algunos párrafos hay subjetividad, ahí se podrían hacer cambios”, agregó.

Puso como ejemplo de éxito a Guanajuato, debido a que su congreso local se centró en reformar la causal de la legítima defensa, por lo que se mostró a favor de tomar ejemplos de otras entidades para mejorar el Código Penal de la media península con una  buena delimitación del término y de paso, cumplir para darle mayor certeza y seguridad a los ciudadanos.

“Tiene que ser una reacción proporcionada, que no medie acto de provocación, con diversos requisitos para que se cumpla el formato de la legítima defensa, porque lo que pudiera pasar es que el ataque o suceso no encuadre en legítima defensa por un exceso y entonces como ya no hay exceso, ya no está en la ley porque se quitó, incluso te pueden acusar de homicidio”, finalizó.