La Paz, Baja California Sur.- A pesar de que el XV Ayuntamiento de La Paz ha interpuesto diversos recursos para no acatar una suspensión definitiva de un juicio de amparo ordenada por un Tribunal Colegiado, este debe notificar el cumplimiento de la misma y entregar el alumbrado público a la empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente SA de CV (GIRRSA) en menos de 24 horas, o de lo contrario será apercibida mediante el Ministerio Público Federal (MPF)

El Poder Judicial federal desechó las observaciones hechas por el municipio a través de la Dirección de la Consejería Jurídica por retardar el reconocimiento legal del contrato otorgado al corporativo, de acuerdo a información obtenida del portal del Consejo de la Judicatura Federal, al consultar el expediente 1039/2015, que muestra el mencionado resolutivo hacia el Ayuntamiento Constitucional de La Paz, Baja California Sur.

“Se requiere de nueva cuenta a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas manifiesten los trámites efectuados a fin de lograr la notificación de este asunto. Dígasele que no ha lugar en lo relativo al expediente al Tribunal Colegiado del vigésimo sexto circuito […] expídasele copias que solicita, igualmente dígasele que no ha lugar a lo solicitado a efecto del aseguramiento de las cajas de la tesorería municipal”, dice el acuerdo del 15 de junio.

De acuerdo a un especialista en derecho consultado por este matutino, la Ley de Amparo estipula que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá ser notificada en caso de no haber una respuesta satisfactoria del presidente municipal, Armando Martínez Vega; la síndica municipal, Rosa Evelia Solorio Ramírez; así como Raúl Adrián Calderón Jordán, el tesorero general, por imposibilitar la prestación, explotación, administración y conservación del alumbrado.

“El Ministerio Público federal va a tener que acatar la vista ordenada por la justicia federal […] que establece que el desacato de una resolución de amparo por parte de una autoridad responsable prosigue con la destitución y una pena privativa de libertad […] no hay amparo para las medidas de apremio […] no les queda más que cumplir rápido para que no haya una pena, para que reconsidere el juez y les tenga por cumplido extemporáneamente la resolución suspensional o enfrentar la destitución y a la cárcel posteriormente”, dijo el abogado.

Esto después de que el Ayuntamiento de La Paz recurriera a “medidas dilatorias” para retrasar la resolución del incidente de suspensión ganado por la empresa, que igualmente reclama un pago atrasado de más de 26 millones de pesos desde septiembre de 2015, cuando el presidente se abstuvo de reconocer su concesión sin llevar a cabo el procedimiento legal adecuado para anular el contrato firmado por el Cabildo encabezado por el exalcalde Francisco Monroy Sánchez.

“El jurídico del Ayuntamiento no supo resolver […] cómo haberlo evitado, con antelación, pudieron y debieron llevar un procedimiento administrativo para anular ese contrato, en ese proceso se abstuvieron simplemente de hacer un pago cuando debieron haber llevado un juicio, entonces el desconocimiento del procedimiento administrativo por parte del jurídico es lo que provocó que en la medida del amparo, una empresa particular se quede nuestro dinero”, agregó.