Después de que un juez federal desechara la última apelación ejercida por el Ayuntamiento de La Paz, obligándolo a reconocer su concesión de alumbrado público en 24 horas

La Paz, Baja California Sur.- La Juez Segundo de Distrito de Baja California Sur (BCS), Nadia Socorro Moreno Jiménez, declaró como infundadas las apelaciones ejercidas por el Ayuntamiento de La Paz ante una suspensión definitiva en materia de amparo que obliga al presidente municipal Armando Martínez Vega y sus funcionarios, a reconocer el presuntamente ilegal “título de concesión” del alumbrado público en manos de Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, SA  de CV (GIRRSA).

Esto ocasionó que la mencionada representante del Poder Judicial federal resolviera que el alcalde, así como la síndica, Rosa Evelia Solorio Ramírez y el tesorero municipal, Raúl Adrián Calderón Jordán, acaten la suspensión promovida por la empresa en un plazo no mayor a 24 horas de la notificación del auto, lo cual permitiría que GIRRSA continúe la prestación de su servicio, obtenga el pago correspondiente y provea la conservación de la infraestructura del alumbrado.

Armando Martínez Vega fue cuestionado por Diario El Independiente y expresó que no permitirá que lo “obliguen” a pagar una posible cantidad acumulada de 26 millones de pesos a la empresa, que dice haber mantenido su operación desde septiembre de 2015, por lo que refirió que ante esta orden judicial “desconocerá” el presunto servicio otorgado por GIRRSA y expresó que “no voy a permitir que por alguna circunstancia se me obligue a pagar algo que no se ha hecho”.

“Hoy tenemos veinticuatro horas para responder, el día de hoy estamos respondiendo que nosotros pretendemos desconocer lo que no se ha trabajado, todavía hay procesos jurídicos que se tienen que ir agotando […] seguiremos apelando al tribunal, seguiremos apelando a todo lo que tengamos que mover jurídicamente porque es una situación de injusticia para el Ayuntamiento de La Paz”, dijo Armando Martínez para este matutino.

Por otra parte, Armando Martínez no descartó las versiones que aseguran que, de no acatar esta disposición, los mencionados funcionarios públicos deberán enfrentar penas de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días de salario, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión por desacato o rebeldía ante el debidamente notificado auto de suspensión en favor de GIRRSA y su concesión.

“No lo descarto […] voy a valorar qué es lo que tengo que hacer, principalmente me debo a los ciudadanos y no voy a permitir que por alguna circunstancia se me obligue a pagar algo que no se ha hecho nada afuera y está exigiendo por medidas jurídicas ahí un pago, que no lo vamos a hacer, no estamos en esa disposición, aceptar un pago de este tipo sería dejar de pagar nómina, sería dejar de pagar servicios públicos, una situación que causaría un caos a la administración”, finalizó.