La Paz, Baja California Sur.- Guillermo Sánchez Flores, persona física con actividad empresarial con el nombre comercial “MFT División Transportes”, aseguró tener la capacidad de realizar un estudio objetivo sobre la tarifa del transporte público que le será encomendado por las autoridades de transporte del XV Ayuntamiento de La Paz, a pesar de que las organizaciones civiles conocidas como “Artículo 115” hayan solicitado se revoque esta decisión por no haber tomado en cuenta su opinión.

Dijo ser un consultor en la materia con la suficiente experiencia para llevar a cabo el estudio de la tarifa, debido a que en el pasado se desempeñó como titular de la antigua Dirección de Transporte del Gobierno de Baja California Sur (BCS), hoy convertida en Unidad, dependencia en la que laboró por 12 años, sumados a sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en donde dijo haber elaborado investigaciones sobre el usuario del transporte urbano y colectivo de La Paz.

“Una investigación donde estuve analizando, durante un año la opinión de los usuarios de los transportes urbano y colectivo de la paz, sobre el precio, cuestiones de modernidad, de modernización de transporte en 2008 […] inclusive en 2011 un servidor, el Ayuntamiento tuvo a bien designarnos en un proceso de licitación en aquel momento para hacer un estudio técnico de tarifa en Los Cabos”, dijo el consultor de MFT División Transportes.

Dijo que este tipo de consultoría es sólo una de las actividades empresariales con las que está registrado ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), siendo las demás “recarga y mantenimiento de extintores” y la de “realización de estudios de mercado”, lo cual dijo necesario aclarar debido a las especulaciones sobre su experiencia y su razón social, “soy una persona física con actividad empresarial, no una persona moral, pero manejo ese nombre comercial”, dijo.

Sánchez Flores dijo reconocer que las asociaciones tales como BCSicletos A.C., Funcionario Público en Transporte Público, la Asociación de Colonos Unidos del Estado (ACUDE) y Cómo Vamos La Paz (CVLP) han solicitado la cancelación de su futuro contrato con el XV Ayuntamiento, no obstante se dijo dispuesto a transparentar el proceso para que estas organizaciones puedan evaluar y revisar “que sí tenemos la capacidad” de realizar un estudio objetivo y sin beneficios a ninguna parte.

“Entiendo que los compañeros con los que me reuní simple y sencillamente están en contra del proceso como lo está llevando el Ayuntamiento pero es algo que nosotros como ente externo que no tenemos injerencia […] la Ley de Adquisiciones no toma en cuenta a la ciudadanía, entiendo su sentir pero desafortunadamente las normas a fin de cuentas si no se hace de acuerdo a su procedimiento pueden ser impugnables”, dijo el consultor del transporte. 

En este caso, dijo que las únicas que podrían solicitar una revocación de la decisión de adjudicarle el estudio son las empresas que no resultaron seleccionadas y aseguró que hasta el momento “no se han quejado de que haya estado mal realizado” y aseguró que este hecho solo indica que una de las partes involucradas está en desacuerdo con el proceso, cuyos integrantes incluso “no todos utilizan el sistema de transporte”.

“Inclusive los transportistas hasta ese día [viernes 16 de junio] se enteraron que un servidor estaba invitado para el estudio y saben de nuestra capacidad, me conocen desde el 99, que me conocen a un servidor saben el trabajo que hago y la capacidad que tenemos para realizar el trabajo de manera objetiva […] saben que lo que se les va a informar es lo que realmente está en el transporte”, agregó.

Finalmente dijo que el Ayuntamiento de La Paz fijó en primera instancia un techo financiero de 200 mil pesos para el estudio, que debería realizarse en un periodo de 30 días, sin embargo, dijo que el plan de trabajo se acordó en un plazo de alrededor de 45 días, en donde el estudio llevará a cabo 10 diferentes etapas: reuniones con concesionarios, reuniones con organizaciones civiles, reuniones con autoridades competentes y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, el monitoreo de una muestra aleatoria de las diferentes rutas de La Paz en su periodo vacacional como al inicio del ciclo escolar en agosto, la elaboración de 383 encuestas a usuarios, 100 encuestas a choferes del sistema de transporte, un chequeo de unidades vehiculares, un análisis pormenorizado de sus ingresos y egresos, así como una revisión de la actividad preponderante en la entidad de acuerdo a la Ley de Transporte.

“Al final el estudio va a determinar si la tarifa va a subir, queda igual o va a bajar […] y se les dará estrategias de control, de modernización, de credencialización hacia el estudiantado, que es en general como se expide el estudio […] lo que se hace es que se toman muestras de cada uno de los rubros para poder hacer la proyección económica como de opinión”, finalizó.