La Paz, Baja California Sur.- Santiago Leal Amador, director de la Consejería Jurídica, reconoció que el Ministerio Público Federal (MPF) podría ser notificado del incumplimiento al apercibimiento de una Juez de Distrito para que el XV Ayuntamiento de La Paz respete la suspensión definitiva que permitiría que Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente SA de CV (GIRRSA) “continúe” haciendo uso de su concesión de prestación, mantenimiento y sustitución del alumbrado público.

Sin embargo, el abogado municipal refirió que en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera carpetas de investigación en contra del presidente municipal Armando Martínez Vega, así como la síndica Rosa Evelia Solorio Ramírez, aseguró que su dirección se encuentra “apta” para demostrar que los funcionarios no han incurrido en hechos delictivos al defender el erario municipal de un “contrato ilegal” por un servicio “que no se ha prestado”.

“El alcalde ha manifestado su postura públicamente de que no va a pagar un contrato que es a todas luces abusivo con la administración municipal, que es de origen ilegal, irregular y que obviamente es una empresa que busca obtener un lucro […] cuando la realidad es que nunca ha iniciado a prestar un servicio […] aunque ciertamente la juez nos tuvo por no cumpliendo la suspensión hasta este momento”, dijo Santiago Leal para El Independiente.

“No quiere decir que signifique una consecuencia de orden penal para el alcalde […] no obstante que la juez de vista, nosotros estaremos en aptitud de aportar las pruebas que demuestran que el alcalde no ha incurrido en ningún hecho delictivo al defender la buena administración, al defender no pagarle a una empresa un contrato que tiene un origen ilegal, un contrato que es ya no jurídico, sino lógico, que si no trabajas no tienes por qué exigir un pago”, dijo.

Es por ello que ante el apercibimiento emitido por la juez de distrito para cumplir dicha suspensión definitiva en un plazo no mayor a 24 horas, el XV Ayuntamiento asegura haber acreditado estar cumpliendo “en términos de la suspensión”, debido a que la misma contiene “obligaciones recíprocas”, es decir, para que GIRRSA cobre un beneficio por dicho servicio, en primer lugar debe prestarlo a pesar de que la orden judicial no haya tomado en cuenta este criterio.

“La suspensión dice palabras más palabras menos, que la empresa ‘continúe’ prestando el servicio y derivado del servicio reciba una ‘contraprestación’. Esa es la suspensión, sin embargo, la información que las áreas técnicas del Ayuntamiento y Tesorería Municipal han dado a esta Consejería Jurídica es que la empresa no ha prestado servicios […] eso se lo informamos a la juez, quien dice que no estamos cumpliendo la suspensión y ordena dar vista al Ministerio Público”.

Santiago Leal Amador aseguró que después del mencionado apercibimiento del 15 de junio del presente, se han presentado 6 quejas, además de la revisión de la suspensión definitiva ante el Tribunal Colegiado, con la finalidad de solicitar la “modificación” del  beneficio otorgado a la empresa, ya que “el juzgado en su momento de buena fe le dio la suspensión”, no obstante basado en “falsedades en que incurrió la empresa”, advirtió el abogado.

“Si la juez decide darle vista al Ministerio Público y este decide abrir carpeta de investigación […] nos darán la garantía de audiencia para ofrecer las pruebas de que tenemos la razón jurídica, no creo que sea algo inmediato si tomamos como ejemplo las veintidós carpetas por cerca de ochocientos millones de pesos que están extraviados, cuando estamos defendiendo el no pago de un contrato ilegal que una empresa reclama, donde no hay una cantidad establecida y todo se ha ventilado a través de los medios de comunicación”, finalizó Santiago Leal Amador.