La Paz, Baja California Sur.- Este matutino tuvo acceso una multa interpuesta en 2011 por la entonces Comisión Federal de Competencia (CFC) por prácticas monopólicas en contra de Guillermo Sánchez Flores, también conocido como MFT División Transportes, consultora elegida por el XV Ayuntamiento de La Paz para el estudio de tarifa del transporte público propuesta por el presidente municipal Armando Martínez Vega, con el visto bueno del sector transportista y de espaldas a la sociedad, según denunciaron organizaciones civiles.

En un comunicado a nivel nacional, el entonces presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta ejemplificó con Baja California Sur (BCS) la falta de crecimiento económico como resultado de la falta de competencia en algunos sectores como el de transporte, al inhibir la entrada de nuevos operadores y aseguró que “no se puede permitir” que existan regiones en donde los transportistas se “pongan de acuerdo” para fijar los precios.

La CFC multó con 13 millones 760 mil pesos a 4 empresas de autotransporte de carga y a 4 personas por “prácticas monopólicas” en la entidad: Alianza de “Transportistas La Paz A. C.” con 3 millones 589 mil doscientos pesos; el “Sindicato Único de Transportistas Hombre Camión de Baja California Sur” por un monto que asciende a los 8 millones 973 mil pesos y “Operadora Logística GEOS” multada por un monto de 633 mil 349 pesos por ser “agentes económicos responsables”.

Las personas físicas directamente participantes en las prácticas monopólicas referidas multadas en su momento fueron: Benigno Valencia Sánchez, Humberto Rayas Cardona y Daniel Ruano Baqueiro a quienes la CFC multó por 179 mil pesos a los dos primeros y 89 mil pesos al segundo.

Además, la empresa naviera “Baja Ferries” fue multada con 83 mil pesos y el referido exfuncionario, Guillermo Sánchez Flores, entonces titular de la Dirección de Transporte del gobierno estatal, fue sancionado con una multa de  35 mil pesos por “coadyuvar en la realización de las prácticas monopólicas”.

Las empresas y personas físicas se hicieron merecedoras de esta penalización por celebrar convenios en los  que “acordaron” fijar un mismo precio  para el servicio de autotransporte de cemento, limitar el número de camiones de carga que cada uno de los transportistas podría poseer y repartirse los clientes que cada uno podría atender de manera exclusiva ex funcionarios del estado.

La dependencia señaló en su comunicado que el entonces funcionario Sánchez Flores, quien en la actualidad utiliza el nombre comercial “MFT División Transportes”, incurrió en conductas violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que en lugar de utilizar su cargo y funciones para frenar estos actos, “incitó” a la ejecución de prácticas monopólicas y vigiló que se llevaran a cabo.

Cabe recordar que Guillermo Sánchez Flores aseguró para El Independiente tener la capacidad de realizar un estudio “objetivo” sobre la tarifa del transporte público que le será encomendado por las autoridades de transporte del XV Ayuntamiento de La Paz, a pesar de que las organizaciones civiles conocidas como “Artículo 115” hayan solicitado se revoque esta decisión por no haber tomado en cuenta su opinión.

Dijo que este tipo de consultoría es sólo una de las actividades empresariales con las que está registrado ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), siendo las demás “recarga y mantenimiento de extintores” y la de “realización de estudios de mercado”, lo cual dijo necesario aclarar debido a las especulaciones sobre su experiencia y su razón social, “soy una persona física con actividad empresarial, no una persona moral, pero manejo ese nombre comercial”, dijo.

Sánchez Flores dijo reconocer que las asociaciones tales como BCSicletos A.C., Funcionario Público en Transporte Público, la Asociación de Colonos Unidos del Estado (ACUDE) y Cómo Vamos La Paz (CVLP) han solicitado la cancelación de su futuro contrato con el XV Ayuntamiento, no obstante se dijo dispuesto a transparentar el proceso para que estas organizaciones puedan evaluar y revisar “que sí tenemos la capacidad” de realizar un estudio objetivo y sin beneficios a ninguna parte.

Dijo que las únicas que podrían solicitar una revocación de la decisión de adjudicarle el estudio son las empresas que no resultaron seleccionadas y aseguró que hasta el momento “no se han quejado de que haya estado mal realizado” y aseguró que este hecho solo indica que una de las partes involucradas está en desacuerdo con el proceso, cuyos integrantes incluso “no todos utilizan el sistema de transporte”.