San José del Cabo, Baja California Sur.- El integrante de la Comisión de Transporte, Samir Savin Ruiz, aseguró que se encuentran en espera de que la Oficialía Mayor haga el procedimiento necesario en base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para efectos de la licitación sobre las tarifas del transporte urbano y suburbano.

Dijo que a pesar de que se presentó y aprobó por unanimidad la autorización del presupuesto para que se efectúe el estudio para incremento de tarifas del transporte urbano y suburbano, dijo se encuentran detenidos hasta que el estudio arroje argumentos técnicos necesarios que determinen si se van a la alza o no.

Savin Ruiz destacó que los propios transportistas en su momento hicieron llegar a la comisión un estudio técnico socioeconómico practicado por su cuenta, sin embargo y a pesar de que se analizó, se llegó a la conclusión de que el ayuntamiento tenía que practicar uno de manera alterna y el cual será decisivo para la toma decisiones en cuanto a la alza de tarifas que pudiera proponerse al pleno.

Sobre si en su momento y tras lo ocurrido en La Paz, por la urgencia de subir sus precios, bajo el argumento de que desde el incremento a los combustibles en el pasado mes de enero, hubiera manifestaciones o paros del transporte en Los Cabos, dijo el regidor que será en su momento que la dirección municipal de Transporte, determine si existe algún tipo de sanción al respecto o si nada más se daría continuidad al tema.

“Hoy por hoy en la comisión edilicia sólo estamos esperando que la Oficialía Mayor haga la licitación correspondiente y nos entregue el resultado de este estudio socioeconómico para determinar la factibilidad del alza de tarifas del transporte público”, aseveró.

El octavo regidor compartió que Eulalia del Carmen Díaz Guzmán, presidenta de la Comisión de Transporte, ha sostenido pláticas con la Tesorería para efecto de darle seguimiento al qué se asigna la carga presupuestaria autorizada por el Cabildo en su momento y que puedan iniciarse los trabajos de licitación de este estudio o si bien, dentro del marco de lo que concierne de alguna manera la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, pudiera darse una adjudicación directa.

“Algún proveedor que cumpla con la normatividad de la materia y pudiera hacer de manera directa este estudio socioeconómico, sucede al final que éste es un derecho consagrado en la propia Carta Magna del poder expresarse de manera libre y pacífica, sin embargo, en estos momentos más que un ejercicio de presión, lo que requerimos es que la Oficialía Mayor inicie los trabajos de licitación y adjudicación directa para que la Comisión Edilicia de Transporte Público pueda iniciar los trabajos de análisis y dictaminación sobre la alza de tarifa”, sentenció.