La Paz, Baja California Sur.-   A propuesta del Diputado Edson Gallo Zavala el Congreso del Estado acordó por unanimidad de votos  incluir en la recién aprobada Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado la obligatoriedad de que quienes ocupen espacios de responsabilidad en las administraciones estatal y municipal se realicen anualmente en el mes de agosto exámenes  toxicológicos con la finalidad de garantizar que los servidores públicos “como propósito único cumplan con honradez, responsabilidad y eficiencia las obligaciones que derivan  del encargo para el cual fueron electos o designados”, advirtiendo que de resultar positivas las pruebas que estarán bajo la responsabilidad de laboratorios del Sector Salud en la entidad se proceda a la inhabilitación o destitución del cargo de quien resulte positivo por consumir una sustancia prohibida por la Ley.

Al entrar en vigor esta medida una vez que se publique en el boletín Oficial del Gobierno del Estado, los servidores públicos que estarán obligados por Ley a realizarse cada año el examen antidoping para presentar  ante la Contraloría General del Estado, o bien ante las contralorías municipales, o su respectivo órgano de control, son en el Poder Ejecutivo del Estado: Gobernador del Estado, titulares de Despacho, subsecretarios, directores generales, coordinadores administrativos, Contralor del Estado, Revisor Fiscal; en tanto que en el Poder Legislativo tienen la obligación de realizarse esta prueba todos los legisladores y legisladoras  del Congreso del Estado. En el caso  del Tribunal Superior de Justicia la obligación es para Magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces del fuero común y Magistrados del Tribunal Estatal Electoral.

Asimismo se contempla que los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral,  el Presidente de la Comisión  de Derechos Humanos, el Presidente de la Junta de Conciliación Arbitraje, los comisionados del Instituto de Transparencia y  Acceso a la Información Pública, se realicen los exámenes cada año.  En lo que concierne al Gobierno Municipal, corresponderá al Presidente Municipal, Síndico, Regidores y delegados municipales realizarse los exámenes toxicológicos.

El ordenamiento legal señala que en caso de que un servidor público se niegue a efectuarse este tipo de exámenes, tendrá un plazo no mayor  de 10 días para hacerlo y de persistir en su negativa de efectuarlo será destituido. 

En el supuesto de que un servidor público sea positivo en el examen que se le realice podrá ser acreedor a sanciones como la amonestación de carácter pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión, destitución, e inhabilitación temporal de la responsabilidad y para participar en arrendamientos, servicios u obras públicas y adquisiciones. La norma específica que se pueden aplicar una o más sanciones, de acuerdo a la gravedad de la misma.

El Diputado Gallo Zavala propuso un Artículo Transitorio en el que se establece que 90 días después de que sea publicado el decreto conteniendo estas obligaciones, el Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán presentar el Reglamento correspondiente en donde quedarían plasmados los mecanismos que se seguirían para la práctica de los exámenes toxicológicos a los servidores públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur.

A favor del dictamen hicieron uso de la palabra los diputados Alfredo Zamora García y Joel Vargas Aguiar quienes señalaron que es una propuesta importante que busca ganar la confianza de la sociedad en el sentido de que los servidores públicos estatales y municipales no tienen problemas con las adicciones a estupefacientes u otro tipo de sustancias.

El Diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Zamora García dijo que de ninguna manera se violan los derechos humanos de los servidores públicos con la realización de los exámenes toxicológicos. Señaló que el servidor público debe de ser una persona “capaz, integra, que tenga salud mental. No queremos funcionarios que sean adictos a una droga, queremos servidores públicos sanos y que cumplan con su responsabilidad”.

 Por su parte el Diputado Joel Vargas Aguiar a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional señaló que es un gran avance para Baja California Sur el aprobar la propuesta de los exámenes toxicologicos, “creo que esto es una necesidad, más allá de criterios de la Suprema Corte, que señalaba que violaba los derechos humanos,  por lo pronto a favor de esta propuesta, que es un importante mensaje a la  sociedad sudcaliforniana”, precisó el legislador.

Indicó que el efectuar este tipo de pruebas es una oportunidad muy buena para buscar que el servidor público sea digno de la confianza del ciudadano. “El buscar que el funcionario o representantes populares estén libre de este problema, es algo por lo que la Fracción del PRI está a favor y por ello nuestro voto favorable la propuesta”.  Manifestó que en este aspecto existe un interés superior de la ciudadanía de que el servicio público se encuentre apto para el servicio que prestar su trabajo. Esto es una necesidad más allá de criterios de la Corte...”.

Enfatizó que muy pronto esta medida estará plasmada en la Ley Electoral de la entidad, para que se realicen este tipo de controles a quienes en el estado sean candidatos y candidatas a cargos de elección popular, como una medida más para generar confianza en la sociedad.