• El secretario general y el director de la Consejería Jurídica negaron posibles consecuencias legales por la venta de estos vehículos “chatarra” en el corralón

La Paz, Baja California Sur.- El secretario general del XV Ayuntamiento de La Paz, Juan Carlos González Bareño, y el director general de la Consejería Jurídica, Santiago Leal Amador, negaron posibles consecuencias legales en perjuicio de la administración pública municipal, que aseguran actúa bajo sus “facultades” al rematar los 242 vehículos, algunos con placas de “Onappafa” y “Anapromex”, asociaciones que registran e intentan regularizar unidades sin haber tenido un proceso de importación.

En este sentido, ambos refirieron al Tesorero Municipal, Raúl Adrián Calderón Jordán, como la autoridad competente para determinar los asuntos fiscales del ayuntamiento, aunque el secretario general aseguró que “no se trata de que los automóviles no tengan una legal procedencia en el país” o en la entidad federativa, sino vehículos que transgredieron el reglamento de tránsito o fueron retirados de la vía pública y fueron acumulándose en el corralón.

“Es facultad de la autoridad poder rescatar los recursos e infracciones a través de los remates, facultad de la tesorería municipal […] porque se corre un proceso de primera, segunda, tercera almoneda que ya se dio a través de los periódicos de mayor circulación, con eso se cumple el requisito para poder adjudicar los autos del ayuntamiento, y ya después promover su venta en forma de chatarra porque ya están en esas condiciones”, aseguró el secretario.

Negó que estos automóviles sean de procedencia “ilegal” a pesar de que El Independiente dio a conocer ejemplos de la convocatoria de subasta de los vehículos del corralón, que en los listados aparecen como claves y matrículas emitidas por la Asociación de Protección a los Mexicanos (Anapromex) y la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), que tramitan permisos de circulación para vehículos “chocolate” en diversas partes de la república.

Por otra parte, Santiago Leal Amador, desde la Consejería Jurídica aseguró que cada uno de los vehículos que fueron asegurados en los corralones fueron remitidos por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPTM), por determinaciones competentes a seguridad pública, ya sea por multas, falta de placas y diversos conceptos que fueron notificados a sus propietarios con anticipación para llevar a cabo la subasta.

“El tesorero municipal como autoridad fiscal municipal, inició los procedimientos administrativos de ejecución, se buscó a los propietarios, se investigó en las diversas dependencias del gobierno del estado y gobierno federal si esos vehículos eran sujetos de averiguaciones previas, juicios, algún requerimiento especial o inclusive si tenían algún crédito con gobierno del estado, hasta donde yo tengo entendido no se infirmó que existieran tales situaciones”, aseguró el abogado.

Al respecto Leal Amador aseguró que estos vehículos se encuentran “inservibles” y no sirven para transitar en la vía pública de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Tránsito, por lo que la Tesorería Municipal determinó el remate y dijo no considerar “ninguna consecuencia negativa para el Ayuntamiento” de acuerdo al código fiscal y con las facultades que tiene el propio titular de esa dependencia, Raúl Adrián Calderón Jordán.