• Las trabajadoras de Santa Rosalía denunciaron que no han podido terminar con el conflicto con la empresa coreana Hanjin México, que data del 2002, debido a la burocracia

La Paz, Baja California Sur.- A pesar de que desde mayo del año pasado se anunció que tras 5 años de una lucha en tribunales, 96 extrabajadoras de calamar de Santa Rosalía ganaron a una empresa asiática, esperaron un año para que el resultado de dicha demanda fuera traducido al coreano, denunciaron ayer lunes.

El Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, apoderado legal en la ciudad de La Paz de las trabajadoras despedidas injustificadamente por una empresa china hace 5 años y una empresa coreana hace 15 años, en el primero de los casos señala que "el viernes pasado que se quiso ejecutar el laudo, el patrón chino, [Pesquera Longing] se negó a pagarles y se procedió a solicitar el embargo definitivo". 

En tanto, calificó el pleito legal contra la empresa Hanjin México como "un caso patético, han pasado quince años de despido y no se ha podido realizar la audiencia constitucional por la falta de traducción al coreano".

Dicha solicitud de traductor se realizó desde el año pasado, cuando se anunció que la Suprema Corte de Justicia había fallado a favor de las extrabajadoras.

Al respecto, el centro informó que "por fin han sido notificadas que la traducción al coreano ya se hizo en la Junta Federal de Concicliación y Arbitraje de la Ciudad de México y que la audiencia de conciliación será a fines de agosto próximo".

Sin embargo, pidieron "que las autoridades obliguen al patrón coreano a reunirse con las extrabajadoras" para apurar la resolución del caso.

Las trabajadoras denunciaron que aunque se pudieron embargar 3 terrenos frente al mar propiedad de la empresa coreana, para garantizar el pago de los salarios caídos, un notario escrituró uno de dichos terrenos a favor de un particular que lo compró a la propia Hanjin México, S.A. de C.V.

Además, las extrabajadoras, que exigen el pago de 53 millones de pesos, saben que los otros dos terrenos fueron también vendidos de forma ilegal y desconocen a la fecha qué notario público autorizó dicha venta ya que no han sido escriturados ante el Ayuntamiento de Mulegé.