·      La contraloría recibió un expediente de la ASF donde se describen adjudicaciones directas injustificadas, mantenimiento ficticio y uniformes que no se entregaron
·      Ismael Sigala Páez descartó mal uso de los recursos y dijo que las inconsistencias se deben a cuestiones administrativas

La Paz, Baja California Sur.- La extensa lista de irregularidades por compras, mantenimiento y en obras pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2015 parece no tener fin. De dicho fondo el estado recibió 167.7 millones de pesos durante el ejercicio fiscal en mención para compras de muebles de oficina, de equipo de cómputo, realizar mantenimiento e inclusive comprar uniformes para personal ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

Hasta mediados del año 2016, el Estado seguía ejerciendo recursos del fondo de dicho ejercicio fiscal, según la auditoría financiera con enfoque de desempeño 591-GB-GF realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Dicha revisión generó 24 observaciones de las cuales solo cuatro fueron solventadas y las 20 restantes derivaron en 2 recomendaciones, 12 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y seis pliegos de observaciones. 

Debido a estas irregularidades, el 19 de enero pasado la ASF envió el oficio DGARFT-A/0349/2017 a la contraloría estatal, anexando el expediente certificado con la veintena de inconsistencias para que investigue en el ámbito de sus competencias y de ser considerado procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

Entre las observaciones se indica que en el rubro del NSJP se pagaron 2.5 millones de pesos para muebles de oficina y estantería, pero se detectó una diferencia por conciliar entre lo ejercido al 30 de junio del año pasado con lo pagado por 1.2 millones de pesos. 

Los resultados de la auditoria también señalan que durante la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para Mujeres se invirtieron 5.3 millones de pesos, pero existió una diferencia entre lo ejercido y lo reportado por 31 mil pesos, además de que no hubo evidencia de garantía de vicios ocultos, bitácora de obra, y en 2 estimaciones no se contó con pruebas de laboratorio y reporte fotográfico. Además, para dicho centro, el estado autorizó el pago de 87 mil pesos al contratista por trabajos que nunca fueron ejecutados.

Del mismo fondo se pagaron 4,6 millones de pesos para comprar computadoras de escritorio a un proveedor tras una adjudicación directa, sin que se presentaran los dictámenes que justificaran dicha adjudicación, se indica en el mismo oficio enviado a la contraloría.

En el mismo oficio se denuncia que falta por conciliar una diferencia de 261 mil pesos entre lo reportado como ejercido hasta el 30 de junio pasado y lo pagado por un servidor de almacenamiento para la ejecución de programas de Seguridad Pública, mismo que tuvo un costo de 1.5 millones de pesos. 

De la partida llamada "equipo de cómputo y tecnologías de la información" se hizo un pago de casi 2 millones de pesos y aunque se realizó una licitación pública, no se publicó la convocatoria de dicha licitación. Inclusive, aunque el proveedor sí entregó los bienes, lo hizo fuera del plazo y no fue multado por esto, por lo que no se hizo válida la garantía de cumplimiento por 72 mil pesos. 

También se compraron vestuarios y uniformes tras un pago de 4.1 millones de pesos, pero no existe documentación que acredite la entrega de dichos bienes, además de que se pagaron 1.4 millones para mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo a 4 proveedores, sin que exista evidencia de dicho mantenimiento. 

Sobre esto último, tampoco existen documentos que amparen la adjudicación de los contratos a los 4 proveedores, uno de los cuales fue formalizado en 2014, por lo que no se acredita que los servicios fueran cubiertos con fondos del 2015. 

La ASF presume un daño de un millón 474 mil pesos "por no contar con evidencia de los servicios pagados", mismos que "en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo", agrega.

Diario El Independiente solicitó una entrevista con la contralora estatal Sonia Murillo Manríquez para conocer el estado que guardan las investigaciones, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

·      Niega Sigala Páez mal uso de recursos

Entrevistado por El Independiente sobre las irregularidades denunciadas por la ASF por obras y acciones con dinero del Fondo de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez, subsecretario de Seguridad Pública del Estado, negó cualquier mal uso de recursos durante el tiempo que ha estado en el cargo, de octubre de 2016 a la fecha.

La Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) había operado hasta el 31 de diciembre de 2015 el 72.9 por ciento de su presupuesto con recursos de dicho fondo. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) había financiado el 54.8 por ciento de su presupuesto con recursos del fondo, los centros de reinserción social el 17.8 por ciento y el Centro Estatal de Control y Confianza el 23.7 por ciento. 

"Quienes hayan estado en su momento tendrán que hacer la comprobación necesaria, por supuesto que nosotros somos los primeros en estar a favor del cumplimiento de la ley", dijo Sigala Páez a El Independiente. 

Sigala Páez dijo que "la Subsecretaría [de Seguridad Pública] no maneja dinero, sino que lo hace la Secretaría de Finanzas", aunque reconoció que "faltó documentación comprobatoria en la mayoría de los casos", algo que la contraloría está revisando, y aseguró que aunque ya ha comenzado a llegar recurso del Fondo de Seguridad para el presente año, este sigue sin ser ejercido.

El subsecretario de Seguridad reconoció que se han detectado irregularidades como falta de complementar expedientes, falta de comprobaciones, fechas, acreditaciones, listas de asistencia a cursos, entre otras, pero sostuvo que "tienen que ver con cuestiones administrativas más que con otra cosa".

El Independiente reportó el pasado lunes que el gobierno local pagó por ocho cursos para policía de investigación, pero de seis de ellos no hay evidencia documental, algo que investiga la contraloría estatal. Al respecto, Sigala Páez dijo que "cualquier detalle que hasta este momento no se haya entregado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, aparecen como en el caso de [dichos] cursos, que no fueron [oficialmente] dados porque no fueron registrados debidamente", detalló el funcionario.

Finalmente, Sigala Páez, quien antes de ser subsecretario de Seguridad Pública fue secretario ejecutivo del órgano implementador del NSJP en el Estado, dijo que lo denunciado por la ASF son "aspectos que tienen que atenderse".