•La denuncia comenzó a ser integrada el pasado 1 de marzo por realizarse, sin permiso del Congreso del Estado, retiros de una cuenta abierta para ejercer fondos federales
"El Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas", indica el informe

La Paz, Baja California Sur.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) comenzó a integrar a principios de este año una denuncia penal por el presunto desvío de 170 millones de pesos de una cuenta abierta por el gobierno de Baja California Sur (BCS) para ejercer fondos federales durante el ejercicio fiscal de 2014.

La denuncia comenzó a ser integrada el pasado 1 de marzo tras ser finalizada la auditoria 665 de la cuenta pública del 2014 del Gobierno del Estado, realizada por la Dirección General de Auditoria a los Recursos Federales "A", informó la Dirección Jurídica de la ASF.

En el dictamen de la auditoria 665 se informa que la ASF revisó cómo se gastaron 170 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). De la totalidad de los recursos, solo el 0.3 por ciento se usó en infraestructura física, el 44.3 por ciento se utilizó para saneamiento financiero y un 55.4 por ciento para el pago de deuda, esto último sin la autorización del Congreso del Estado.

"El Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas", se indica en el informe, mostrando además que la Secretaría de Finanzas "no acreditó que las operaciones realizadas con los recursos del fondo contaran con las pólizas contables, transferencias bancarias y documentación justificativa que las soporten".

Para saneamiento financiero, la Secretaría de Finanzas transfirió 76 millones de pesos a varias cuentas bancarias a nombre de la propia dependencia y reintegró únicamente 515 mil pesos, por lo que faltan de regresar 75.7 millones de pesos, más los intereses generados. Dicho dinero no fue acreditado tampoco en la aplicación de obras o acciones del fondo.

Además, la Secretaría de Finanzas transfirió 94.7 millones de pesos a una cuenta a nombre del Gobierno del Estado por concepto del pago de deuda pública, pero nunca se acreditó que las transferencias se aplicaran en el pago del contrato de crédito correspondiente o en otro rubro establecido en los objetivos del fondo.  Sobre esta última transferencia millonaria, se cree que el Congreso del Estado nunca fue informado, ya que no se presentó la autorización del Congreso del Estado, el registro estatal de deuda pública, los estados de cuenta bancarios, ni la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

Finalmente, con recursos de dicho fondo fue pagada una renta de oficinas para la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología (Sepuie), misma que fue etiquetada como trabajos de obra y no como gasto corriente, según la ASF, lo que generó un daño a las arcas por 75 mil pesos.