·      La regidora Rosalva Tamayo expone detalles del juicio entre el Ayuntamiento y GIRRSA, el desacato judicial impulsado por el alcalde Armando Martínez y las sospechas sobre las verdaderas causas de la destitución del secretario general municipal
·      Podría perder Ayuntamiento de La Paz juicios vigentes por malos manejos

Iván Gaxiola Beltrán/Alan Flores Ramos

La Paz, Baja California Sur.- Luego de que se diera a conocer la separación de Isidro Ibarra Morales como secretario general del Ayuntamiento de La Paz, entre otras causas por presunta “pérdida de confianza”, anunciada así por el alcalde Armando Martínez Vega en sesión privada celebrada con regidores del Cabildo de La Paz, añadiéndose a esto supuestas agresiones en contra de ediles, la regidora Rosalva Tamayo Aguilar, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Cabildo paceño, pone en duda elementos esenciales del proceso, considerando incluso que tal enroque puede obedecer a un intento por proteger al funcionario más cercano a la presidencia municipal, más allá de las versiones oficiales.

La edil priista explicó en exclusiva para Diario El Independiente que de manera personal Martínez Vega justificó la separación del cargo de Ibarra Morales por “pérdida de confianza”, pues “no acató algunas indicaciones que le dio”, además de que durante una reunión con ciertos regidores “sucedieron algunos hechos”, dijo, donde los “agredió”, situación que, indica, no le “consta en lo absoluto”, pues no existen reportes de ello en las minutas de las sesiones ni existen quejas en las áreas correspondientes. Rosalva Tamayo subraya que solicitó la presencia de Ibarra Morales en la sesión privada donde se trataría su separación, sin embargo no se presentó, por lo que durante el referéndum para definir su cesantía se abstuvo de votar. La regidora acepta que “se dijeron hechos delicados” sobre él, pero no existen quejas documentadas.

La pérdida de confianza se deriva, según explica la regidora, de la negativa mostrada por el ahora ex secretario general de signar una respuesta, elaborada por la Consejería Jurídica Municipal, al juez segundo de distrito a raíz de la suspensión del amparo indirecto 1039/2015, que obliga al Cabildo de La Paz a dejar sin efectos la negativa pactada el 22 de octubre de 2015 de continuar con el contrato entre Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente (GIRRSA) y la administración municipal, así como de pagar una millonaria deuda mantenida con la empresa, a quien la administración del XIV Ayuntamiento de La Paz entregó la concesión del alumbrado público por más de 2 décadas, hecho que el XV Ayuntamiento ha intentado desconocer. Y la negativa se basa, según la regidora, en que la respuesta al juez, que trataba sobre desacato a la suspensión, era además, desde el punto de vista de Isidro Ibarra, ofensiva, por lo que no firmó tal postura y derivó en su despido.

“La Consejería Jurídica está concentrando todos los asuntos y no te da información, entonces cuando llega un requerimiento de cualquier autoridad, que a veces tienen términos de veinticuatro horas, que son los más urgentes, está presentando el informe media hora antes de que venza el término”, explica Rosalva Tamayo, “entonces por la confianza que había es que te dicen ‘ya vence el término, fírmalo’, y no te da tiempo de analizar, de leer, no te dan ese derecho que tenemos todos, entonces yo no sé si el maestro [Isidro Ibarra] estaba ocupado y le pasaron los documentos y tuvo la oportunidad de hojear o de leer cómo iba el tema, porque días antes la empresa nos había hecho llegar lo que el juez estaba dictando y había incertidumbre dentro de nosotros y empezamos a cuestionar, así que cuando al secretario le llega esa notificación se da cuenta de que hay un párrafo que es muy ofensivo para el juez, y él lo señala y lo cuestiona, ‘yo no estoy acostumbrado a dirigirme de esta forma a ninguna autoridad’, y en esos treinta minutos se puso a investigar y dijo ‘no lo firmo’, y lo que hizo para protegerse, porque lo estaban requiriendo y su término vence, solicitó al juez una prórroga, y lo hizo por su propio derecho, entonces cuando sale ese oficio y lo recepcionan en el juzgado, lo publican en las listas de acuerdo y al momento de que el jurídico revisa obviamente que le cae de sorpresa que uno de los integrantes del juicio se haya dirigido directamente con el juez y viene y trae la información con el alcalde y se arma todo lo que se arma”, pues Martínez Vega buscaba que el Ayuntamiento en su totalidad, con el apoyo del Cabildo de La Paz, deja ver, optara por el desacato, pero hubo regidores que se opusieron, como presuntamente lo hizo Isidro Ibarra.

“Que se acate lo que el juez está instruyendo, para no entrar en rebeldía”, urge Tamayo Aguilar, al aceptar que existe incertidumbre entre el cuerpo edilicio pues no se sabe con claridad quiénes son considerados sujetos responsables en esta descortesía institucional, que definitivamente podría tener consecuencias penales, sostuvo, al mostrar que investiga si existen vías para dirigirse individualmente al juez que lleva el caso y deslindarse de perjuicios, aunque observa que su homólogo panista Maximino Iglesias Caro intentó lo mismo y su intervención fue desestimada por no considerarlo autoridad vinculada al caso, contrario al Ayuntamiento Constitucional de La Paz; al alcalde Armando Martínez; la síndica, Rosa Evelia Solorio Ramírez; el tesorero, Raúl Adrián Calderón Jordán; el director de Servicios Públicos Municipales, Martín Guluarte Ceseña; la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; y el propio Ibarra Martínez.

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Rosalva Tamayo Aguilar advirtió además que de no replantear las facultades de la Consejería Jurídica los litigios que se encuentran en curso podrían perderse, ya que no se ha informado al Cabildo de su actuar ni de las estrategias legales que emprende, dejando ver que opera en la más profunda opacidad debido a que la administración le ha otorgado “demasiado poder”.

“Decirle que nuestra área jurídica no está funcionando es una situación a la que se le tiene que poner mucha atención […], la Consejería Jurídica tiene mucho poder, sin embargo están manejando los asuntos internos sin corrernos el tanto a nosotros […] Nos estamos enterando por las redes de comunicación de los asuntos legales del Ayuntamiento […], y la verdad a como nos están poniendo el panorama […] estamos viendo que los juicios van a perderse”, dijo la regidora para El Independiente.

“Las demandas que existen, en este caso de las luminarias, la empresa nos hizo llegar la resoluciones que no han sido acatadas y nosotros exigimos al alcalde en su momento una sesión privada para que nos expliquen qué es lo que está pasando, hasta dónde es nuestra responsabilidad como servidores, como funcionarios y hacerle un llamado de atención fuerte al jurídico, que tenga esa apertura de conocimiento, de compartir lo que está llegando”, agregó.

Si bien reconoció que la “pérdida de confianza” que se manejó en la sesión privada extraordinaria de Cabildo es una facultad exclusiva del alcalde, recordó que Armando Martínez no entregó evidencia documental para las acusaciones que se vertieron en la destitución de Ibarra Morales, por lo que dejó entrever que el exsecretario general entablará un juicio laboral en contra del Ayuntamiento de La Paz que ocasionará un mayor agravio económico a las arcas municipales.

“Sería un golpe al erario y nos preocupa porque no estamos en una condición ahorita de tener laudos y laudos y laudos que se estén cubriendo y este tipo de situaciones que de verdad desde un inicio a nosotros no nos tocaba […] las facultades de un regidor no son para quitar ningún contrato, entonces de origen está el tema, sin embargo el área jurídica opta por centralizar todas las situaciones y al final de cuentas nos lleva por un trance”, dijo la regidora.

“Se tiene que reconsiderar la figura del jurídico, realmente qué es lo que se está haciendo, qué estás haciendo como tal, como responsable […] yo estaba en desacuerdo de darle todo el poder a una sola persona, la Consejería Jurídica para mi yo creo que se debe de reconsiderar y regresar la facultades a donde corresponde, esa es la postura que yo siento que va a mejorar de cierta forma, la situación del ayuntamiento”, agregó Tamayo Aguilar.

Finalmente, sentenció que el Ayuntamiento no tiene la solvencia económica para soportar “tantos errores”, ya que finalmente es el ciudadano el que se verá directamente afectado por la carencia de los servicios básicos “que no estamos dando”, por lo que Tamayo Aguilar reconoció que no hay una atención completa en servicios públicos municipales como alumbrado público, el mal estado de las calles y además aseguró, no hay condiciones para mejorar la calidad de vida de los residentes de la capital.