· Este tipo de prácticas contribuyen a un “estado de terrorismo”, señala el abogado Arturo Rubio Ruíz
· Asegura que la jueza que ordenó formal prisión al activista no consideró un dictamen que expone falsificaciones en firmas y documentos presentados por la PGJE, ya que el Ministerio Público es una institución de “buena fe”

La Paz, Baja California Sur.- Tras cumplirse 10 días de la detención y encarcelamiento de John Joseph Moreno Rutowski, su defensa legal encabezada por el abogado Arturo Rubio Ruíz declaró en un video a través de la red social Facebook que el Estado ha utilizado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para “perseguir” a su cliente, utilizando así las herramientas de la ley para “acallar la protesta pública”, y expuso que este tipo de prácticas contribuyen a un “estado de terrorismo”.

Esto debido a que de acuerdo a un dictamen pericial en grafoscopía obtenido por la defensa del abogado y activista de Todos Santos, el Ministerio Público habría recurrido a la alteración de documentos y falsificación de firmas para lograr ejercer acción penal en su contra, no obstante la jueza de Primera Instancia del ramo penal, Rosalía Cota Domínguez, no tomó en cuenta ese peritaje al ser invocado como prueba de la inocencia del acusado y ordenó su aprehensión.

“Dice que aunque sean falsas las pruebas, no importa, porque el Ministerio Público es de buena fe y que además […] goza de la presunción de inocencia, de acuerdo con la presunción, es el órgano técnico que tiene que probar con estricta legalidad su acusación y la juez dice que no, que aunque hayan usado pruebas falsas […] tiene la presunción de inocencia y es de buena fe, ella le cree al Ministerio Público”, asegura el abogado en su aparición en dicho video en redes sociales.

“Cuando el Estado utiliza el equipo de procuración de justicia para perseguir a una persona, utiliza las herramientas de la ley para acallar la protesta pública, estamos en un estado de terrorismo […] en el cual la legalidad se subroga al abuso de poder […] la procuraduría utilizó documentos falsos para consignarlo […] aunque había un dictamen que no fue ni objetado ni cuestionado […] porque el Ministerio Público es de buena fe”, dijo el abogado al ser interrogado.

Expresó que después de que John Moreno y Joella Corado fueron aprehendidos por el mismo delito, “despojo agravado por furtividad” el pasado 19 de mayo, los defensores del abogado que interpuso denuncias por daño ambiental en contra del desarrollo inmobiliario “Tres Santos” en el Pueblo Mágico de Todos Santos en marzo pasado, han buscado sin éxito tener acceso a una copia del expediente ya que el juzgado lo niega argumentando tener “mucho trabajo”.

Por otra parte, el perito en criminalística, grafoscopía y dactiloscopía, Humberto Franco Merlos, refirió que a pesar de la decisión de la jueza, el análisis de los documentos testimoniales presuntamente firmados por Moreno y utilizados por la PGJE para aprehenderlo evidenció a “primera vista” que habían sido falsificados, lo cual dijo “fui corroborando” con técnicas periciales sobre la manera en que se habían “fabricado” los documentos en cuestión.

“Para mí no existe duda de que es una fabricación de ese documento, es una fabricación de esas pruebas […] aunque sí se probó la falsificación, no se toma en cuenta y se da una prioridad al Ministerio Público como una institución intocable, en este caso yo me pregunto, qué pasaría si el día de mañana alguna persona que nosotros queremos, o amamos, o un familiar, o a uno mismo, llegara a caer en una misma situación y le fabricaran pruebas, ¿a dónde iría a parar esto?”, dijo.

El perito expresó que “de los treinta años que tengo de perito no me había tocado ver una situación como esta”, por lo que indicó que la ciudadanía se siente “amarrada de las manos” y dijo imaginar la impotencia en la mente de John Moreno, al ser recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), por el hecho de que “se le hayan fabricado pruebas para incriminarlo” por parte de la PGJE, “una institución, entre comillas, de buena fe”.

“Preguntarle al señor gobernador [Carlos Mendoza Davis] y al señor procurador [Erasmo Palemón Alamilla Villeda], si John es un delincuente, entonces ¿por qué la procuraduría tiene que falsificar pruebas para poder consignarlo?”, cierra el abogado Arturo Rubio en el mencionado video.