·      El legislador presidente de la comisión permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social en el Congreso del Estado aseguró que esta actividad ofrecería “seguridad económica” a BCS

La Paz, Baja California Sur.- Luego de que una comitiva de habitantes del distrito minero de San Antonio, que comprende las poblaciones de El Triunfo, Valle Perdido, El Rosario y San Antonio, se manifestara en el Congreso del Estado en contra de las reformas a la propuesta de Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las cuales pretenden prohibir la minería con base en cianuración de minerales a través de lixiviación, el diputado Amadeo Murillo Aguilar, presidente de la comisión permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social en el Congreso del Estado, así como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó beneficios que la minería ofrece a la zona norte del Estado, dejando ver así que en el sur también debe aprovecharse “lo que nos da el subsuelo” y “romper” con ideas alarmistas de “ciertos ambientalistas”.

“Hay muchas ideas encontradas en este asunto […], hay una idea sumamente alarmista que ciertos ambientalistas han venido a sembrar en Baja California Sur y necesitamos romper ese tema, irnos sobre bases sólidas, escuchar precisamente a los inversionistas con sus estudios técnicos que deben de traer, hay que escuchar otras alternativas y no tan sólo las que en un momento dado vinieron a sembrar ambientalistas de una forma sumamente alarmante […] No ha habido ni siquiera la sensibilidad de quienes en un momento dado tengamos las responsabilidades para poder meternos y autorizar estos proyectos, ni siquiera escuchar con objetividad las propuestas que en un momento dado traen (sic), nos vamos por los cantos de la sirena y eso no se vale”.

Durante la manifestación en el Congreso del Estado, suscitada a finales de abril, de los habitantes del distrito minero de San Antonio, Adolfo de la Peña Arámburo, comisariado ejidal, recordó que los pueblos de la zona son antiguamente mineros, indicando así que esa continúa siendo su vocación, por lo que la prohibición de este tipo de extracción es prácticamente, dijo, sentenciar “a muerte” a cerca de 2 mil 500 personas que viven en la zona y que hoy, además del autoempleo, no cuentan con fuentes laborales, por lo que acusa a los legisladores detrás de la propuesta de Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de desconocer la verdadera situación en la que se vive en el lugar.

Murillo Aguilar opina que “se debe permitir en lo posible la sustentabilidad de estas inversiones que se pueden dar en Baja California Sur”, tomando como ejemplo que “en el norte del Estado tenemos un potencial minero enorme”, recordando que se tiene lugar producción de nivel internacional de sal, yeso y boleíta, por lo que “definitivamente no podemos cerrar el paso a la inversión en ese renglón”, dijo, “que es lo que vendría a darle precisamente una seguridad económica, equilibrada, al Estado”.

El comisariado ejidal de San Antonio ha declarado que desarrolladores turísticos de Los Cabos ejercen gran influencia en la decisión de reformar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para prohibir la extracción de oro en el distrito, argumentando que según la percepción de estos empresarios la minería y el turismo no se relacionan, además de que el sector terciario a cargo de ofrecer servicios a quienes visitan el Estado debe ser la principal fuente de ingresos y crecimiento económico, no obstante el ejemplo de que esto no es verdad, anota, es el grado de pobreza en el que vive una importante cantidad de cabeños, mientras que proyectos mineros como La Pitahaya, afirmó, ofrecen 400 empleos “de golpe y porrazo, directos”, así como más 1200 indirectos.