En referencia a las observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la legisladora dijo que quien estaba en Administración y Finanzas debe "dar una razón de por qué está así, o cual es el motivo por el que se ha derivado esto".
· La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local dijo que, tras lo denunciado por la ASF, debe llamarse a cuenta a funcionarios
La Paz, Baja California Sur.- Luego de que El Independiente reportó que una auditoria federal encontró que en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) no fueron localizadas 133 personas a las que durante 2015 se les pagaron alrededor de 28 millones de pesos, la diputada Diana von Borstel Luna dijo que el asunto debe de ser aclarado.
"Tiene que consultarse a la persona responsable del área de administración y finanzas en esa época", dijo la presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos y de la Juventud del Congreso local.
En referencia a las observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la legisladora dijo que quien estaba en Administración y Finanzas debe "dar una razón de por qué está así, o cual es el motivo por el que se ha derivado esto".
"Tiene que haber una explicación lógica y habría que, la persona responsable responder en base a pruebas, hechos o documentos pertinentes para aclarar este punto", sostuvo la legisladora.
El Independiente reportó que la auditoria de la ASF al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) incluyó una verificación física de 486 centros de trabajo financiados por dicho fondo.
"No fueron identificados ciento treinta y tres empleados que estuvieron adscritos durante el Ejercicio Fiscal 2015, sin embargo se constató que se les realizaron pagos por veintiocho punto dos millones de pesos", se indicó en el informe de dicha auditoria, que también detectó desvíos para compra de vehículos y pagos de "pensiones recreativas" por 10.8 millones de pesos.
Además, según lo reportado por El Independiente, la SEP estatal también autorizó pagos por 5.1 millones de pesos a personal no autorizado, entre los que destacan el que estuvo adscrito a la Unidad Coordinadora Estatal de Programas Compensatorios y Salas Populares de Lectura, así como pagos por 1.5 millones a empleados que tenían licencia por comisión sindical.