• Existen en BCS medidas legales para proteger a comunicadores y periodistas locales desde el 2012

• Las medidas establecidas en el Código Penal fortalecen esta garantía consagrada en la Constitución Política del país

• Históricamente autoridades gubernamentales de BCS han respetado la libertad de expresión y la labor de los comunicadores

En Baja California Sur como en el resto del país, se ha reconocido históricamente la labor de los medios de comunicación y por supuesto de los comunicadores como parte fundamental de los procesos democráticos y de avances de la sociedad a través del respeto a la libertad de expresión consagrada por en nuestra Constitución Política Mexicana.

En general a lo largo de la historia de la media península la labor de los medios de comunicación, ha gozado del respeto de las autoridades gubernamentales, incluso cuando en ocasiones las condiciones no han sido del todo tersas.

Sin embargo, vale decir que la libertad de expresión como tal, no ha sido atacada ni cuestionada al punto de que no se pueda ejercer adecuadamente.

Incluso desde diciembre del 2011 el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de decreto que fue aprobada por los legisladores de ese entonces en la que se reformo el artículo 83 del Código Penal para adicionar un tercer párrafo y establecer que “Cuando el delito se cometa contra un periodista o colaborador periodístico con motivo o derivado del ejercicio de su profesión, la pena se agravará una tercera parte de lo que corresponda al delito cometidos”.

Es decir que de acuerdo a ese decreto aprobado desde diciembre del 2011, existen condiciones para ejercer con mayor garantía la libertad de expresión.

Por su parte la reforma al artículo 32 del Código de Procedimientos Penales estatal establece adicionar un segundo párrafo a la fracción II, para quedar: “Tratándose de delitos en agravio de periodistas o colaboradores periodísticos, agotar una línea de investigación del delito cometido en relación a la actividad periodística”.

Estas reformas fueron propuestas en su momento por el entonces diputado local, Juan Alberto Valdivia, hoy delegado estatal de Sedesol, como reacción a la serie de asesinatos a periodistas perpetuados en el país, por lo que fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia luego de su segunda lectura ante el pleno de legisladores el seis de diciembre del 2011.

Así que medidas para proteger la labor de los comunicadores sí se han aplicado en la entidad.

Ahora a raíz del asesinato del periodista policiaco, Max Rodríguez Palacios, registrado el pasado viernes 14 de abril, el tema vuelve a llegar al Poder Legislativo precisamente con la misma intención: Brindar más y mejores garantías para el ejercicio periodístico y por supuesto de la libertad de expresión.

Al respecto el diputado Joel Vargas Aguiar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política busca proponer una iniciativa de ley que destaque la certeza en garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

“Es un paso trascendental en el reconocimiento específico de los defensores de derechos humanos, así como a la importante labor que ejercen las y los periodistas, y responde a la necesidad de proteger, desde un andamiaje legal, a personas y organizaciones cuyos aportes resultan imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos humanos”, consideró el diputado Vargas Aguiar.

Por supuesto que un derecho como el de la libertad de expresión, que no sólo es exclusiva para quienes ejercemos el periodismo o la comunicación, sino de la humanidad en general, siempre será posible mejorar las condiciones legales, políticas y sociales para ejercerlos desde cualquier lugar.

Obviamente también en esta labor es de suma importancia la coordinación de esfuerzos de los gobiernos de todos los niveles y de todas las instancias de nuestra sociedad.

Así que desde hace ya cinco años existen medidas legales locales para proteger la actividad periodística, lo que obviamente seguramente va a mejorar sin que esto deje de evidenciar, por supuesto, que en la entidad el respeto para el ejercicio de la libertad de expresión históricamente ha sido manifiesto por las autoridades gubernamentales en turno.

Queda claro que el tema aún dará mucho de qué hablar.

¿No le parece así amable lector?