El titular de la PGJE compareció entre encontronazos de los diputados y acarreados de instituciones gubernamentales · El secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, justificó su ausencia por cuestiones de salud, por lo que el subsecretario de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez acudió en su representación ante el Congreso

La Paz, Baja California Sur.- Entre aplausos y matracas, cual concierto de los Tigres del Norte, empañada por manifestaciones ciudadanas y peleas entre los diputados del Congreso del Estado, se llevó a cabo la comparecencia del procurador de justicia Erasmo Palemón Alamilla Villeda. Con casa llena, más de 252 asientos a tope, las matracas y los aplausos de quienes se presume eran acarreados de instituciones gubernamentales dio inició la primer comparecencia de un funcionario de gobierno del Estado ante el máximo recinto legislativo de Baja California Sur (BCS). El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Erasmo Palemón Alamilla Villeda, se presentó ante los diputados para dar inicio con su informe de actividades. El procurador de justicia abrió su comparecencia señalando que durante el 2016 más de 870 elementos de la procuraduría fueron capacitados en diversos rubros, mientras que en el 2017, en 3 meses se sumaron a estas tareas casi 600 efectivos. El funcionario asegura que se capacitaron casi 3 mil 800 elementos en 34 cursos. Alamilla Villeda refirió que la procuraduría de BCS es un referente nacional en el abatimiento del rezago de averiguaciones previas en el Sistema Inquisitivo, puesto que de 31 mil 780 expedientes que había el 1 de enero del 2016, hoy en día quedan 1396 casos que resolver. En el 2016 se obtuvieron 376 autos de formal prisión, 305 sentencias condenatorias, se libraron 351 órdenes de aprehensión y 104 órdenes de reaprehensión. En lo que va del 2017 se han dictado 62 autos de formal prisión del Sistema Tradicional y se han dictado 88 sentencias condenatorias. “Más de mil trescientos siete actividades encaminadas a la prevención del delito, las cuales llegaron a más de cuarenta mil beneficiados”, decía Alamilla Villeda mientras ciudadanos increpaban en el Congreso. En un punto del encuentro entre el procurador y los legisladores, Erasmo Alamilla reconoció que el tema de las ejecuciones, junto con el delito de robo, son los 2 principales temas que adolecen a los sudcalifornianos. Citando el asesinato del canadiense John Wesley en la ciudad capital y el homicidio del exalcalde de Comondú, Jaime Farías Tuchman, el procurador aseguró que la instancia que representa ha cumplido a la ciudadanía. El funcionario argumentó que en lo que se refiere a homicidios dolosos, ajenos al crimen organizado, la PGJE ha esclarecido 5 asesinatos y 1 aún está en investigación, agregando que las ejecuciones son delitos de mayor complejidad. Alamilla Villeda comentó que en las últimas semanas se han dado 13 detenciones de sicarios peligrosos que fueron remitidos ante las autoridades federales. Asimismo, recalcó los operativos y convenios que se han firmado para que las casas de empeño tengan un estricto control de las prendas que reciben y así combatir delitos como el robo. Más allá de las manifestaciones ciudadanas, todo parecía marchar sobre ruedas para Erasmo Palemón, sin embargo la sesión de preguntas y respuesta convertiría la comparecencia en un circo político de encontronazos. Ante el claro desconocimiento o una simulación mal programada, los diputados de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) abrieron la sesión de preguntas y respuestas, algunos, como el legislador Sergio García Covarrubias, aprovecharon la comparecencia para informarse sobre las facultades, competencias y limitantes de la procuraduría, tirando una bola de algodón al procurador que le dio una muletilla de descanso ante los reclamos que se veían venir por parte de la oposición. El primer dardo envenenado lo arrojó la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Guadalupe Rojas Moreno. La legisladora, con cifras no actualizadas, embistió al procurador con el tema de las ejecuciones. “En esta exposición previa que me permití hacer expuse la complejidad de investigar estos delitos, los diferencié en dos rubros: los delitos del fuero común, que pasan por dos temas, cuestiones pasionales, de revancha y demás, de los cuales nosotros como procuraduría tenemos un alto grado de asuntos resueltos. Expuse también que los temas de homicidios de alto impacto tienen una complejidad, porque el que hoy ejecutó lamentablemente mañana lo ejecutan, porque es una guerra entre grupos delictivos”, contestó Erasmo Alamilla. La diputada, Eda Palacios Márquez, dio el primer masaje de pies al procurador, al solicitarle que le explicara cuestiones del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), porque claro está, no todos los legisladores tienen la bendición de conocer este esquema que funciona en BCS desde hace casi 2 años. Otro suspiro albiazul abrigó al funcionario. Los ánimos se caldearon cuando la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patricia Ramírez Gutiérrez, y el diputado del PAN Edson Gallo Zavala protagonizaron el primer agarrón de la noche. Edson Zavala interrumpió a Patricia Ramírez cuando esta leía un reclamo ciudadano al procurador: “Abóquese a preguntar sus preguntas”, le solicitó Edson Gallo a la diputada del PRI, sin embargo la legisladora le reviró rápidamente al diputado del PAN diciéndole “usted no me calle, ni usted ni nadie me va a callar”. “Tengo que argumentar mi pregunta, espero y no se incomode, señor Gallo”, refirió Amadeo Murillo ante la interrupción que se dio de la participación de Patricia Ramírez. “Señor procurador, no es invento, tenemos los primeros lugares a robo a casa habitación y también tenemos el deshonroso segundo lugar en muertes violentas”, acuso Amadeo Murillo. El diputado del PAN, Alejandro Blanco Hernández, más que preguntar manifestó al procurador de justicia que los ciudadanos no confían en la institución que representa, mientras que Rosa Delia Cota Montaño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), procedió a cuestionar los niveles de coordinación entre las corporaciones de seguridad. Camilo Torres Mejía, del Partido del Trabajo (PT), revivió el tema de las famosas pintas y mantas que aparecieron hace unos meses en La Paz y Los Cabos, tema que desde hace más de 8 meses es competencia de la Procuraduría General de la Republica (PGR). “Había más de cincuenta pintas que lo señalaban ¿Quién las colgó? ¿Fue la delincuencia organizada? No tenemos información”, arremetió Camilo Torres, a lo que Alamilla Villeda contestó que la investigación está en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) debido a que, efectivamente, él no puede investigarse a sí mismo. Entre otros halagos, aplausos y cuestionamientos débiles, la comparecencia del procurador llegó a su fin. Así, ante el claro desconocimiento de los legisladores del Congreso del Estado sobre las competencias y jurisdicciones de la procuraduría, Alamilla Villeda esquivó los cuestionamientos de la oposición y aceptó las rosas que la mayoría de los diputados del PAN le arrojaron. No hubo análisis ni criticismo en temas que no necesitaban ser preguntados por alguien que debería conocer a fondo el contexto de procuración de justicia, debido a que la mayoría de los cuestionamientos pudieron haberse redirigido al subsecretario de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez, o al secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo. ¿Cuántos asesinatos han quedado resueltos de los más de quinientos que se han reportado en el Estado? ¿Cuántas ejecuciones han pasado a ser responsabilidad de las autoridades federales? ¿Cuántos delincuentes han sido sentenciados por robo? ¿Cuántos ciudadanos están satisfechos con el trabajo de la procuraduría? ¿Cuántos presuntos homicidas han quedado en libertad ante las flaquezas de la PGJE? ¿Cuántos ladrones han salido a las calles por una carpeta de investigación mal integrada? Preguntas que ningún diputado atinó a realizar. Así, sin conflicto alguno, Erasmo Alamilla Villeda brilló ante un Congreso opaco que lo intentó embestir y acariciar al mismo tiempo. Sin más, el procurador salió a toda prisa del recinto legislativo dejando estas palabras. "Estoy aquí con mi esfuerzo de ser útil a la sociedad sudcaliforniana, estamos convencidos de que queremos que Sudcalifornia tenga una procuraduría confiable, no podemos romper el molde de la noche a la mañana. Es complejo el tema, es difícil cambiar las actividades de un día para otro, venimos a trabajar en beneficio de la ciudadanía […] Hemos sido objeto de críticas que recibimos y aceptamos. Procurar justicia es un privilegio, tenemos que entenderlo así, y el que no lo entienda tiene que irse de la procuraduría". · Comparece subsecretario de Seguridad Ante un claro cansancio por una comparecencia previa del procurador de justicia, el subsecretario de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez, subió a ofrecer un informe de resultados y actividades en lugar del secretario general de Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, ante el Congreso de BCS. Supuestamente, de la Peña Angulo justificó su ausencia con un dictamen médico que comprobaba que su estado de salud no era el óptimo para presentarse ante el Congreso. “Estas comparecencias que el día de hoy están por iniciar, fue por medio de un formato de punto de acuerdo, donde se estableció claramente que iban a ser los ejes rectores los que iban a venir a comparecer, en su calidad de representante de la Secretaría General, viene el subsecretario de Seguridad Pública”, advirtió el diputado Gallo Zavala. Sigala Páez abrió la comparecencia señalando que en materia de inteligencia, durante el primer año de la actual administración se llevaron a cabo 44 sesiones de trabajo del Grupo de Coordinación Interinstitucional. En lo que va del 2017 el Grupo de Coordinación ha sesionado 10 veces, se creó una mesa de inteligencia en La Paz y Los Cabos, así como las mesas de coordinación de Mandos Operativos en los 5 municipios y se incrementó una mesa jurídica y una mesa de difusión. “Estamos avanzando en la profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y de justicia. Esto ha sido una meta de la actual administración, a partir de enero del 2016, la corporación policial del Estado y las correspondientes a los municipios conforman lo que hoy es el Mando Mixto con la formalidad de homologarse en un contexto nacional”, dijo Sigala Páez. La Academia Estatal de Seguridad Pública en constante capacitación: de septiembre del 2015 a septiembre del 2016 se aplicó el plan estratégico de capacitación en materia de justicia penal, técnicas policiales básicas. En el último año de trabajo se verificaron 9 empresas de seguridad privada, de las cuales 5 se reportaron irregulares, asimismo, se refrendaron 47 compañías de este tipo: 15 en Los Cabos, 1 en Loreto, 2 en Mulegé y 29 en La Paz. En los próximos días el ejecutivo estatal estará presentando al Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Servicios de Seguridad Privada, para actualizar la legislación que se hizo en 1990, época en la que había 10 empresas de este tipo en BCS. También presentarán una reforma al Código Penal, para sancionar a quienes esté usurpando la función de Seguridad Privada. “Actualmente tenemos registro de sesenta y tres empresas en todo el Estado, sin embargo, consideramos que solamente representan el cuarenta por ciento de las que realmente existen. Se tienen registros de dos mil elementos de seguridad privada, que estimamos que representan sólo el veinte por ciento de las personas que prestan el servicio en todo el Estado”, expuso el funcionario. En el mes de diciembre de 2016 a la fecha se han dado de baja 75 elementos por no acreditar exámenes de Control y Confianza, 6 pertenecientes al municipio de La Paz, 51 al municipio de Los Cabos, 13 en Comondú, 15 en Loreto, quedando pendientes 81 efectivos que deben ser despedidos de las corporaciones de seguridad. “El Gobierno del Estado no admitirá ni tolerará que compañeros que se hayan apartado de la legalidad, que están traicionando al Estado y su gente, permanezcan en las corporaciones policiacas”, recalcó. En materia de detenciones relevantes de la Policía Estatal, los resultados obtenidos a través de los operativos en el 2016 indican que se detuvieron a 999 personas por delitos del fuero común y 170 del orden federal. En el 2017 se han detenido a 661 personas por delitos del fuero común y 50 por delitos del orden federal. En materia de delincuencia organizada, la Policía Estatal ha llevado a cabo 47 detenciones relevantes. En el 2016 se realizaron mil 135 operativos interinstitucionales, 909 en La Paz; 70 en Los Cabos; 27 en Comondú; 19 en Loreto y 10 en Mulegé. Esto permitió asegurar 10 armas cortas y 11 armas largas, 41 cargadores, más de mil cartuchos útiles y 16 equipos diversos. En lo que va del 2017 se han asegurado 52 armas cortas y 23 armas largas y más de mil 200 cartuchos, lo cual, según el subsecretario ayuda a prevenir que los crímenes de alto impacto sigan sucediendo. Al término de la comparecencia del titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) quedó claro que los cuestionamientos que se hicieron al procurador de justicia tuvieron que haber sido dirigidos a Sigala Páez. Con un claro cansancio, menos participación de los diputados y la fogosidad de encontronazos apagada, comenzó la sesión de preguntas y respuestas que pasó sin pena ni gloria. Lo que debían ser cuestionamientos, como lo marca el significado de una sacrosanta comparecencia, se convirtió en una charla amena, condescendiente que dejaba ver que lo que los legisladores pedían es que la sesión terminara lo antes posible. Diputados del PAN como Norma Peña Rodríguez y Sergio Covarrubias se abocaron a pedir especificaciones del programa Vivir en Paz para pedir que los ciudadanos se sumaran a este proyecto de recuperación de espacios públicos. Camilo Torres también cuestionó a Sigala Páez sobre los resultados del programa Vivir en Paz, acusando que hay espacios públicos que no están al alcance de los ciudadanos como el Parque Los Mangos, el cual permanece cerrado la mayor parte del día. El diputado Amadeo Murillo preguntó qué más le hace falta al Estado para contrarrestar los delitos que aquejan a la ciudadanía. La combinación fatídica de 2 comparecencias juntas, con un tiempo de más de 5 horas, convirtió lo que pudo ser un gran ejercicio de información y cuestionamiento en una bomba de saturación de datos que no permitió que reluciera. Eso sumado a que como ciudadanos y reporteros pudimos notar que la mayoría de los diputados del Congreso del Estado tienen cruzado el entendimiento de cuáles son los roles y las jurisdicciones que tienen la Procuraduría General de Justicia y la Subsecretaría de Seguridad Pública. Así se fue apagando poco a poco el ánimo en el recinto legislativo, se fue Erasmo Palemón, subió Sigala Páez, se murió el ímpetu de la oposición y los halagos serviciales albiazules revolotearon.