· “Será un comité ciudadano el que vigile el accionar de los servidores públicos”, dio a conocer el titular de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

La Paz, Baja California Sur.- Rodrigo Serrano Castro, titular de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, reveló que serán ciudadanos quienes elijan a su vez a un grupo de ciudadanos para que sean ellos quienes vigilen las acciones del recién creado Sistema Estatal Anticorrupción, subrayando que “no podrá venir una selección de gobierno o de ninguna autoridad”. El Sistema Estatal Anticorrupción ha sido publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y ahora el mandatario estatal, Carlos Mendoza Davis, ha enviado como iniciativa preferente la ley general que regula dicho sistema, misma que incluye, además de nuevas tipificaciones de delitos y la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa, el procedimiento por el cual se elegirá a los ciudadanos que rijan la nueva forma de atacar el desempeño indebido de servidores públicos. “Será un comité ciudadano el que vigile el accionar de los servidores públicos, además de un comité coordinador donde están todas las instituciones”, explicó el subsecretario de la Consejería Jurídica, al detallar que el Congreso del Estado deberá emitir una convocatoria dirigida a universidades, instituciones de educación superior y asociaciones civiles para que miembros de sus academias propongan a un comité de selección, mismo que finalmente decidirá quiénes serás los ciudadanos al frente del Sistema Estatal Anticorrupción. Así, dijo, “van a ser ciudadanos los que elijan a los ciudadanos que van a estar al frente de la comisión de vigilancia encargada de los programas anticorrupción”. Serrano Castro consideró que de esta manera se “va a permitir un seguimiento muy puntual de las conductas de los servidores públicos y se va a ciudadanizar la vigilancia del trabajo de los servidores públicos y el ejercicio de los presupuestos y su conducta en general”, pues además con las leyes propuestas por el gobernador “se fortalece el andamiaje jurídico para que el Estado y las instituciones del Estado vigilen y sancionen”. Un ejemplo es la creación de una ley orgánica para el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el cual “va a dictaminar y resolver los asuntos relacionados con faltas graves cometidas por servidores públicos”; una nueva iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; una nueva Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas; iniciativas de reformas al código penal para establecer nuevos tipos penales y mayores castigos a servidores que cometan ilícitos; así como una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para precisar atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción especializada en delitos cometidos por servidores públicos. Son estas “las bases necesarias para que en Baja California Sur […] se ponga un énfasis muy importante y se cierre la puerta a conductas irregulares”, señaló el funcionario estatal, “habiendo un fortalecimiento institucional para combatir faltas […] de servidores públicos”. Asimismo, confirmó que se promueve una nueva ley de responsabilidades, pues como se pudo comprobar al intentar iniciar un juicio político contra exfuncionarios municipales, “había algunas lagunas o algunas imprecisiones” que facilitaban una “interpretación diferenciada” de la misma, por lo que la nueva ley, aseguró, “será mucho más precisa”, incluyendo que “la prescripción de las faltas administrativas de los servidores públicos ya no sea de un año, como lo era hasta ahora, hoy ya la posibilidad de que se investigue un hecho de corrupción es de siete años”