• Reconoce el líder del PAN Rigoberto Mares la “decisión valiente” del alcalde Armando Martínez de denunciar ante la PGR ex funcionarios encabezados por Esthela Ponce Beltrán • La acción del alcalde Armando Martínez quedará marcada en la historia política del municipio • El PRI puede ser una vez más el gran perdedor si no hacen a un lado las pretensiones de la exalcaldesa Esthela Ponce Beltrán El dirigente estatal del PAN Rigoberto Mares Aguilar, reconoció el valor y la decisión del alcalde de La Paz, Armado Martínez Vega de llegar hasta las últimas consecuencias en torno a la denuncia interpuesta ante la PGR de presuntos malos manejos de recursos públicos de la pasada administración municipal que encabezó la ahora diputada federal del PRI Esthela Ponce Beltrán. Con ello el blanquiazul sudcaliforniano respalda ampliamente las acciones en este sentido de Armando Martínez quien también solicitó el juicio político contra algunos exfuncionarios municipales que aunque no se pudo lograr, quedó claro que el Congreso del Estado tendrá que legislar al respecto. La solicitud formal de juicio político movió definitivamente al Congreso estatal para que tome medidas al respecto y se legisle para que en el futuro no se presente situaciones de esta naturaleza. El valor político de las acciones en este sentido promovidas por el alcalde Armando Martínez seguramente quedará bien asentado en la historia del municipio paceño justamente porque es la primera vez que se realiza una medida de esta naturaleza. Además, la exigencia del dirigente estatal del albiazul, Mares Aguilar, resalta la necesidad de que la PGR, acelere el proceso aunque esta instancia la referida denuncia por desvío de recursos públicos fue turnada a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de esa procuraduría federal. Aunque lo cierto es que ha sido tratada con suma lentitud. Respecto a estas acciones de Armando Martínez el presidente estatal de Acción Nacional afirmó que “fue una decisión valiente, ya que lo peor que podría haber hecho era quedarse de brazos cruzados; la administración panista de La Paz está demostrando que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias”. Efectivamente el alcalde paceño Armando Martínez podrá llevar en su historial político el hecho de que no fue un acalde más que guardó silencio, como en su momento lo hizo a perredista Rosa Delia Coa Montaño al recibir la administración municipal del ahora militante de Morena, Víctor Castro Cosío y la propia Esthela Ponce al relevar en la alcaldía a Rosa Delia Cota Montaño. Martínez Vega rompió definitivamente ese círculo de silencio cómplice y pernicioso que de alguna manera habían guardado los ex alcaldes de La Paz, por lo que ahora su partido, el PAN, en voz de su líder Rigoberto Mares, le reconoce esta acción que aún mantiene pendiente a los habitantes de esta capital. Esthela Ponce y su equipo de exfuncionarios denunciados, aún se mueven con un cinismo ofensivo incluso a los propios militantes del PRI partido donde la ahora diputada federal pretende imponer a su fiel seguidora Anita Beltrán para que sea la nueva presidenta estatal de ese organismo político. Obviamente estos sería como darle el tiro de gracia a un tricolor que aún no ha podido superar su división interna y donde la pésima imagen de la exalcaldesa Ponce Beltrán ya se tornó muy incómoda para los militantes del tricolor que aún tienen la esperanza de ser competitivos en el próximo proceso electoral de junio del 2018. Así que las expresiones vertidas mediante un comunicado por el presidente estatal del PAN en un claro acuerpamiento a las acciones del alcalde paceño Armando Martínez indica claramente que aún no está escrito el último capítulo de esta trama donde la exalcaldesa Ponce Beltrán parece no entender que tarde o temprano la referida denuncia penal tendrá una consecuencia política muy adversa para el grupo que representa y por supuesto para su propio partido en general. Al mismo tiempo la exigencia a la PGR de que atienda las denuncias contra ex funcionarios municipales y el reconocimiento de que el juicio político solicitado ante el Congreso estatal no procedió justamente por las limitantes de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que tendrá que ser actualizada, deja en claro que algunos de los rumores esparcidos por simpatizantes de Esthela Ponce y su grupo se vienen abajo una vez más. En la lucha política queda claro que las acciones de Armando Martínez contra los exfuncionarios municipal del PRI emanado del PRI tendrán aún mucho que enfrentar sobre todo ante la cada vez más cerca elección intermedia del 2018. Si PGR no actúa y si los priistas no hacen a un lado de su camino a la diputada federal Esthela Ponce, esta se convertirá definitivamente en un lastre muy pesado que contribuirá enormemente a una derrota más del PRI sudcaliforniano. ¿No le parece así amable lector?