· Camilo Torres aseguró que el juicio político contra quienes intentaron aprobar el uso de suelo para Los Cardones no pasó por “dolo, mala fe y contubernio”

La Paz, Baja California Sur.- El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres Mejía, calificó como indignante la situación en la que, por un lado, las indígenas que fueron detenidas por la Procuraduría General de la República (PGR) por ser sorprendidas con sus hijos ofreciendo mercancías en Cabo San Lucas (CSL) han sido encarceladas por “trata de personas”, mientras que, por otra parte, los regidores que “cometieron toda una serie de pillerías” para aprobar un permiso para la mina Los Cardones estén “exonerados” del juicio político por el Congreso de Baja California Sur (BCS). El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en el Poder Legislativo e integrante de la Comisión Instructora de Juicio Político, aseguró que la “aplicación de la justicia” es contrastante en ambos casos, por lo que incluso señaló que el mencionado proceso contra los exfuncionarios del XIV Ayuntamiento de La Paz fue manejado con “dolo, mala fe y contubernio” para que no procediera sanción alguna en su contra. “Haré un análisis pormenorizado de donde estuvo el dolo, mala fe, contubernio para que esto no pasara […] voy a hablar de la gran injusticia, por un lado están las compañeras indígenas metidas en la cárcel con todo el vigor, digo, las están cuidando muy bien, el director las está tratando directamente porque entiende que no son gente que debe estar en el penal, pero ahí las tiene porque esa es su obligación”, señaló el legislador petista. “Están en una situación ahí en donde en lugar de ayudar, los niños están ahorita en abandono, están con problemas, algunos perdieron la escuela, hay problemas de todo tipo con los niños y por otro lado, aquí el Congreso a los regidores que hicieron toda una serie de pillerías, se les deja como [inocentes], se les exonera”, aseguró Torres Mejía. Finalmente, explicó que presentará un “análisis meticuloso” sobre las irregularidades que imperaron al manejar el mencionado juicio político, no obstante el propio presidente de la Comisión Instructora, Rodolfo Davis Osuna del Partido Acción Nacional (PAN), refirió que a pesar de haber elaborado un dictamen que colocaba a los exfuncionarios como “responsables” y con la inhabilitación por 10 años de todo cargo público, no hubo consenso para aplicarlo entre los miembros del Congreso. Esto después de que mediante un boletín de prensa se diera a conocer que la fracción parlamentaria del PAN, en conjunto con las demás fuerzas políticas, determinaron que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos resultaba “obsoleta” como para “arriesgarse” a emitir una sanción en contra de los denunciados por el actual presidente municipal Armando Martínez Vega, por lo que el Poder Legislativo acordó enviar los expedientes a otras instancias penales y administrativas.