· Pedirán intervención de la SHCP por considerar ilegal la concesión de esta obra construida con recursos federales

La Paz, Baja California Sur.- Por considerar un “absurdo” y un “atraco” que se destine a Baja California Sur (BCS) una inversión federal de 110 millones de pesos para la construcción de un Centro de Activación Física y Bienestar (CAFYB) para posteriormente ser cedido hasta por 25 años a la iniciativa privada con anuencia del Congreso local, legisladores del Partido del Trabajo (PT), del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pedirán la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por considerarla ilegal. Al respecto, la diputada de Morena, Guadalupe Rojas Moreno, calificó como “una tristeza” que “muchísimas personas” de bajos recursos queden impedidos a utilizar el mencionado complejo deportivo que, asegura, fue construido con tecnología de punta y los más exigentes estándares de calidad, y explicó cómo la fracción mayoritaria del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó esta “privatización” del edificio construido con recursos provenientes del Ramo 23 con “dudas” sobre las reglas de operación que deben seguir para su absoluta legalidad. “Empezó la obra sin que existieran reglas de operación en el 2012, pero a ciencia cierta, revisando nosotros todos los documentos […], efectivamente se autorizó esta obra por el gobierno federal por ciento diez millones de pesos […] Solo se enviaron treinta y un millones de pesos […] en 2014, y en 2015 envían los otros setenta y tantos millones para concluir. En ese año ya existían, ya se habían enviado las reglas de operación”, explicó Rojas Moreno. “Ellos nos hacen creer con una verdad a medias que no están sujetos a estas reglas de operación […] Los otros setenta y tantos [millones de pesos] sí están dentro del periodo donde se emiten esas reglas de operación y ellos [gobierno estatal] tendrían que dar cumplimiento a esas reglas bien establecidas en cuanto a no concesionarse, muy claramente en el apartado once del ramo veintitrés viene señalado que no se deberán concesionar”, complementó la diputada de Morena. Los diputados Camilo Torres Mejía, del PT, y Rosa Delia Cota Montaño, del PRD, expusieron que han intervenido ante diputados de sus respectivos partidos en el Congreso de la Unión para solicitarles un exhorto ante la SHCP, así como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que expliquen al gobierno del panista Carlos Mendoza Davis la presunta imposibilidad de otorgar el CAFYB “a un grupo selecto” de “élite”. “En el caso de que sea consumada la licitación presentaremos denuncias administrativas para que sean revisadas y se haga una revisión a fondo por si existiera el delito en el que se incurriera al licitar un inmueble que no respeta las reglas por las cuales fue construido, y de acuerdo a éstas tendrían ellos que estarlas respetando, porque como les comenté anteriormente el inmueble tendría que estar bajo la tutela o bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado para que todos los sudcalifornianos tuviéramos acceso a él”, dijo la diputada de Morena. Por su parte, Camilo Torres tomó la palabra para señalar que este inmueble está destinado a inaugurarse en el presente año, por lo que dijo que “en caso de que encontremos” alguna irregularidad en el otorgamiento de este edificio “pasaremos por la parte legal”, ya que, aseguró, “no creemos que esa sea la política que se debe seguir”, en referencia a los costos que podría representar el acceso a este inmueble público al ser administrado por empresarios. “Se nos hace injusto […] que una vez que se construye toda la obra se ponga al servicio de la iniciativa privada para que hagan negocio […] Sabemos que en cada negocio hay una ganancia, y esa ganancia obviamente encarece el servicio que se presta […] La idea de la actual administración es privatizar lo más que pueda, de ahí la [Ley de] APP, la licitación del Centro de Convenciones y ahora el intento de licitar también esta obra. Manifestamos nuestro rechazo e inconformidad en este tipo de políticas”, aseguró el petista. Finalmente, Rosa Delia Cota Montaño se dijo incrédula respecto a la exposición de motivos para el dictamen de concesión, que asegura que el gobierno de Carlos Mendoza Davis se manifiesta “incapaz” de administrar dicho inmueble al contar con un Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), asociaciones deportivas y especialistas que podrían formar un organismo descentralizado para manejar el CAFYB y fijar cuotas de recuperación accesibles para toda la ciudadanía. “Consideramos que no es justo, no es equitativo, no hay una razón para que no busquen un esquema interno de gobierno que pueda administrar este Centro de Activación Física y Bienestar en beneficio de la sociedad sudcaliforniana, deportistas, personas con problemas de salud, con discapacidad porque no van a poder pagar la mensualidad, pueden pagar sí una cuota de recuperación que sería lo viable para que el centro funcionara”, comentó. “Se habla alrededor de cuatro mil personas que puedan ir ¿podrán cuatro mil personas de la ciudad de La Paz pagar no menos de quinientos pesos mensuales? eso cobran en los gimnasios, cobran alrededor de cuatrocientos, quinientos pesos y no están llenos, algunos cobran hasta mil pesos, seguramente para pagar una renta al gobierno, poder sostenerlo y tener ganancia para el que saque la licitación, esto va a ser un lugar para la élite”, finalizó Rosa Delia Cota Montaño para medios de comunicación.

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