• El gobernador Carlos Mendoza genera mayor confianza ciudadana al promover la nueva ley estatal anticorrupción • La denuncia ante PGR contra Esthela Ponce y colaboradores por desvío de recursos se recuerda una vez más durante la visita de Ivonne Ortega • La ley estatal anticorrupción de las pocas medidas aprobadas por la unanimidad los diputados La creación del Sistema Estatal Anti corrupción, ya está en marcha en Baja California Sur y ello proporcionará a las autoridades y a la comunidad en general, el marco jurídico adecuado para castigar a quienes se atrevan a caer en actos de corrupción. Obviamente habrá que contar con las pruebas y los elementos adecuadas cuando se trate de acusar formalmente a un funcionario o ciudadano que sea adecuado de cometer actos de corrupción, pero el contar con este marco jurídico permite a la entidad inhibir la posibilidad de caer en este tipo de actos ilegales. En la media península ya existen antecedentes de señalamientos de manejos dudoso del recursos público como sucedió en su momento contra los exgobernadores Guillermo Mercado (1999) del PRI y a Narciso Agúndez (2011) del PRD-PT, aunque ambos rápidamente fueron puestos en libertad exonerados de las acusaciones hechas en su contra por la respectiva administración estatal de esos años, siempre se dijo que no existía el marco jurídico para fincarles responsabilidades como las que se espera ahora estén definidas en esta nueva ley anticorrupción. Esta nueva iniciativa promovida por el gobernador Carlos Mendoza Davis que envío al Congreso del Estado desde el pasado mes de diciembre, ya fue aprobada por la totalidad de los legisladores, por lo que seguramente será una de las medidas históricas que dejarán huella en la memoria colectiva de los sudcalifornianos. Obviamente esta medida se inserta en el sistema nacional anticorrupción mediante el cual se espera frenar al máximo este cáncer aún está latente en muchas áreas de la administración pública, coo los casos registrados en Veracruz o Quintana Roo por ejemplo. Esta nueva ley resulta bien recibida por la población sobre todo porque aparece cuando existe en este momento aún la duda sobre la denuncia interpuesta contra la exacaldesa paceña y ahora diputada federal Esthela Ponce y algunos de sus principales colaboradores quienes volvieron a ser tristemente recordados por su conocida amistad con la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, durante su reciente visita a esta capital la semana pasada. Esta nueva condición legal respecto al manejo de los recursos públicos, seguramente hará que los actuales y futuros representantes populares y funcionarios públicos de todos los niveles se ajusten a la honrosa medianía de sus respectivos salarios y prestaciones de ley y se abstengan de caer en la tentación de la corrupción. Por fortuna para los sudcalifornianos la actual administración estatal que encabeza Carlos Mendoza Davis se ha hecho mucho hincapié en el buen comportamiento administrativo en las diversas áreas por lo que seguramente esta será la tónica que caracterice, como hasta ahora, el resto de actual administración. Por ello que desde el actual gobierno estatal se haya enviado la iniciativa de una nueva ley anticorrupción demuestra el interés y compromiso de trabajar con la claridad y la trasparencia administrativa que la población de la media península siempre ha exigido. Obviamente esta iniciativa de ley y las medidas administrativas que ahora se practican, seguramente tendrán un efecto político positivo en la fuerza política representada en la actual administración estatal emanada del PAN sobre todo ahora que las acciones de exgobernadores priistas se encuentran tan cuestionadas en el resto del país. La nueva ley anticorrupción no busca precisamente un efecto político-electoral inmediato, pero definitivamente será un elemento que la ciudadanía seguramente calificará en positivo en su próxima cita con las urnas electorales.