• Medidas anticorrupción pretende aprobar el Congreso del Estado en periodo extraordinario de sesiones • Modifican sistema de pensión para magistrados del Tribunal Superior de Justicia • Pendientes las medidas de austeridad del poder legislativo en solidaridad con la población El Congreso del Estado inició este martes un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de atender prioritarios entre los que se encuentra lo referente a la pensión para magistrados una vez que concluya su mandato, las medidas anticorrupción y de transparencia y sobre las pensiones a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, principalmente. En el inicio de este periodo, se realizaron las primeras lecturas de los dictámenes mismos que tendrán que ratificarse en una segunda sesión extraordinaria que se llevará a cabo el próximo lunes 13 de febrero. El Congreso del Estado se vio obligado ante la polémica social a tratar el tema referente a las pensiones a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia mismo en diciembre pasado había aprobado que sus pensiones fueran vitalicias, por lo que ahora la medida se modificó y solo se pagarán estas pensiones por dos años luego de que los magistrados hayan concluido con la totalidad de su mandato según lo señaló el presidente de este periodo extraordinario, diputado Sergio García Covarrubias. De igual manera los legisladores conocieron la primera lectura del dictamen que presentaron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior y de Transparencia en el que se establece la reforma de una veintena de artículos de la Constitución Política del Estado para dar paso el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción y su implementación en el contexto y bajo el principio del Sistema Nacional Anticorrupción. Con estas medidas se “busca combatir la cultura de la impunidad que prevalece en México, así como eliminar la incertidumbre jurídica de ciudadanos, empresarios y de la sociedad en su conjunto, mediante el combate decidido a los actos de corrupción a través de la modernización de las instituciones públicas”. Los diputados han señalado que con estas modificaciones se espera otorgar a la ciudadanía facultades directas de fiscalización, investigación y persecución de los delitos en la materia. Entre las modificaciones que se plantean se encuentran la conformación de una Fiscalía estatal especializada en materia de combate a la corrupción, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa. Se busca prever los procedimientos que se seguirán para sancionar a los servidores públicos locales y municipales que incurran en responsabilidad administrativa grave y a los particulares que cometan actos vinculados con faltas administrativas graves; se establece el Sistema Anticorrupción Estatal y se incorporan nuevas figuras como el Comité Coordinador del Sistema Estatal quien vela por la funcionalidad del Sistema, coordinado con el Comité de Participación Ciudadana, y se redefinen las atribuciones y facultades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que se propone que pase a ser Entidad Superior de Fiscalización. Tal iniciativa fue turnada al Congreso del Estado el pasado 17 de diciembre por el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis y las fracciones Parlamentarias de los partidos Acción Nacional y de Renovación Sudcaliforniana. Estas medidas seguramente generarán mayor confianza en la población justamente porque tendrán elementos para exigir no solo la transparencia en el maneo de los recursos públicos sino la aplicación de sanciones en caso de que algún funcionario se la compruebe que cayó en actos de corrupción. Sin duda esto pondrá a Baja California Sur entre uno de los estados que cuentan con la legislación adecuada para frenar este flagelo de la corrupción. Veremos qué reacciones hay ante estas medidas tomadas por el Congreso del Estado en un periodo extraordinario de sesiones que tuvo que establecer, ante las presiones de los diversos sectores de la población. Faltó dejar en claro si los legisladores tomaron medidas de austeridad en el manejo de sus recursos como medida de solidaridad con la población, ante la adversidad económica regional, tal como en su momento lo hizo el jefe del ejecutivo estatal Carlos Mendoza Davis y sus principales colaboradores. Por lo pronto hasta el próximo lunes 13 de febrero se reinician las actividades legislativas del primer periodo extraordinario de sesiones de este año.