· “No hay ninguna afectación, ni a la esfera jurídica ni a la esfera económica de las asociaciones, los fideicomisos o los hoteles”, sostiene el titular de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica La Paz, Baja California Sur.- Rodrigo Serrano Castro, titular de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, confirmó que el Gobierno del Estado ha sido notificado de la aceptación de 19 de los 50 amparos interpuestos por la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) contra la reforma al artículo 129 Bis de la Ley de Hacienda estatal, que autoriza el cobro de 350 pesos a cada turista extranjero que pernocte en Baja California Sur (BCS) por el uso de infraestructura pública, sin embargo dice confiar en la construcción jurídica de la medida propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso local, añadiendo incluso que deberán ser los particulares quienes retengan el importe y lo destinen a las arcas del erario. “Nosotros, efectivamente, hemos sido notificados de diecinueve amparos, y otro tanto, un número similar o mayor, que efectivamente no han procedido, o cuando menos está detenida su aceptación por parte de los juzgados porque se advierte que no hay ninguna afectación, ni a la esfera jurídica ni a la esfera económica de las asociaciones, los fideicomisos o los hoteles que han procedido a ejercer este recurso”, detalló Serrano Castro en entrevista con El Independiente, agregando que desde la perspectiva de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica el aprovechamiento turista no afecta a hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios, turistas nacionales, sudcalifornianos o extranjeros radicados legalmente en la media península.

Cabe recordar que la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (Asudestico), la Asociación de Empresas Turísticas y Hoteleras (Emprhotur), desarrolladores turísticos de Los Cabos y sectores de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) sostienen que el aprovechamiento inhibirá la visita de turista e incluso algunos lo han calificado como “racista”.

“Nosotros pensamos que está construido jurídicamente de manera correcta este aprovechamiento y que, al no ser un impuesto, pues también reúne todos los requisitos de constitucionalidad apegados a la Constitución Política de México y a la Constitución Política del Estado”, comentó el abogado, “pensamos incluso que los hoteleros como tales no tienen un interés jurídico o un interés legítimo respecto a esta materia”, para agregar que “los particulares […], en este caso y en otros muchos, deben de contribuir o deben ser auxiliares de las administraciones públicas estatales o municipales, incluso la federal es muy frecuente, para hacer colaborar con los gobiernos en materia de retención o entero de algunos ingresos que son estatales o que son federales o que son municipales”, así como subrayar que “hay muchos ejemplos de diversos aprovechamientos o impuestos donde el particular o la persona física o la persona moral tiene obligación de contribuir en los procesos administrativos que conduzcan a ingresar recursos al Estado”.