• Los farmacodependientes “son víctimas de una sociedad, son víctimas de un problema económico, social, laboral” La Paz, Baja California Sur.- Beatriz Elena Aranda Lozoya, directora del Centro
• Los farmacodependientes “son víctimas de una sociedad, son víctimas de un problema económico, social, laboral”La Paz, Baja California Sur.- Beatriz Elena Aranda Lozoya, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Baja California Sur (BCS), reconoció que los efectos económicos de las alzas en energéticos y canasta básica incrementarán el índice de adicciones entre los sudcalifornianos, pues los farmacodependientes “son víctimas de una sociedad, son víctimas de un problema económico, social, laboral”, dificultades que se agudizarán gracias a la crisis que vive México. “Se nos vienen tiempos muy difíciles con esta situación económica. Sabemos que el problema de las adicciones es un problema multifactorial y, obvio, esta situación que estamos empezando a vivir […] nos va a incrementar el trabajo, tanto en tratamiento como en prevención […] Si no hay trabajo no hay una estabilidad económica, laboral, social, familiar, y estos son los factores de riesgo que tenemos para toda la comunidad, desde adolescentes y adultos hasta niños”. Beatriz Elena Aranda aseguró que el CIJ iniciará un plan de trabajo directo con las familias sudcalifornianas, más allá de fortalecer programas en escuelas, y aunque dijo que BCS cuenta con “un gobierno participativo […], un gobierno que tiene el interés de ayudar y, sobre todo, el interés de trabajar en pro de la prevención de las adicciones”, también afirmó que “muchas instituciones”, tanto estatales como nacionales, aseguran “que se está haciendo un trabajo preventivo” cuando “eso no quiere decir que se esté haciendo el trabajo preventivo necesario o adecuado”, dijo. Por otro lado, la directora reveló que de 2015 a 2016 pasaron de 79 mil a 95 mil personas atendidas, tanto a nivel preventivo como de tratamiento, adelantando que este año se fortalecerá el plan terapéutico de consulta externa en anexos, centros de reinserción social y centros de internamiento y tratamiento para adolescentes, donde el año pasado realizaron 230 intervenciones.